Intervención ciudadanizada

Mal y de malas el Consejo General del IFE. No sólo viene siendo costumbre que el Tribunal Electoral revoque sus resoluciones (dados los términos del sistema de medios de impugnación, sus últimos dos acuerdos han de ser a estas alturas motivos de sendos recursos de apelación), ahora hasta el Canciller Gurría tiene que recetarles diplomático manazo a algunos de sus miembros. Siete Consejeros Electorales (Barragán y Woldenberg no se dejaron involucrar, como viene siendo, también, costumbre) fueron sorprendidos por la Academia Mexicana de Derechos Humanos con lamentables consecuencias que, por lo visto, se niegan a aceptar.

Estos siete Consejeros, respondiendo a los intereses de la Academia arriba citada, tuvieron a bien hacer una consulta al Secretario de Relaciones Exteriores, pero en lugar de esperar su respuesta para pronunciarse con conocimiento de causa, hicieron pública la misiva. Al hacerlo la consulta dejó de ser tal y se convirtió en una batalla más a librarse en los medios de comunicación. ¿Qué tanto ayuda este tipo de desplantes a despejar el ya de por sí enrarecido ambiente político nacional? ¿Por qué tomaron partido quienes deben ser, en el ejercicio de su función pública, el sumun de la imparcialidad antes de conocer la opinión del consultado? ¿De cuándo acá el IFE es tramitador de recursos o representante de los intereses de una organización?

Y ¿cuál fue la respuesta de estos Consejeros? "El proyecto involucra la materia electoral", dijeron por voz de Alonso Lujambio (lo cual no lo hace automática y acríticamente procedente, la característica misma de la materia establece restricciones y prohibiciones que la autoridad debe ser la primera en observar), "queremos que fluyan los recursos para la observación electoral" (¿sin importar su origen?) "de todas las partes involucradas" (¿desde cuándo 15 gobiernos extranjeros son parte involucrada?), "queremos transparentar todas nuestras acciones" (que bueno, pero eso no debe ser motivo para permitir la intervención extranjera).

Resulta difícil entender como siete miembros de la máxima autoridad administrativa electoral puedan avalar, en supuesta defensa de la observación electoral, un proyecto que lleva por nombre Programa especial de educación cívica para crear las condiciones que permitan que las elecciones para Gobernador del Distrito Federal sean limpias y confiables. A todas luces el programa no es de observación electoral; apoyar un programa para "crear las condiciones", que ellos como autoridad son los responsables de garantizar, toda vez que están creadas desde hace mucho, es aceptar que no existen y entonces nuestras leyes, instituciones (una encabezada por ellos), instrumentos, actores y acciones, que en plenas campañas involucran ya a todo México en un proceso electoral federal, no son más que producto de nuestra subdesarrollada imaginación. Y, finalmente, no se va a elegir un gobernador en el Distrito Federal sino un jefe de gobierno.

En su descargo obra la voluntad expresa de promover que nuestras elecciones sean ampliamente observadas. Más parece que ese propósito sólo les permite ver un extremo de la relación, el del derecho ciudadano de observación electoral que asiste –hemos de presumir noblemente- a la susodicha Academia, pero no les deja observar que los recursos que con tanto ahínco pelean provienen de 15 Estados extranjeros, que deben regir sus relaciones con México conforme los acuerdos que con él han firmado y los usos y costumbres de las relaciones internacionales, así como con respeto a nuestra soberanía y Estado de Derecho.

Se podrá alegar hasta el cansancio que la materia es electoral pero no se puede negar que 15 de los sujetos involucrados son Estados extranjeros y que el IFE, aunque a últimas fechas le ha dado por arrogarse atribuciones que la ley no le concede, no tiene entre sus facultades la de llevar las relaciones de Estado. Se podrá argumentar que el objetivo es el ejercicio de un derecho ciudadano, pero ello no obsta para que a través de ese noble propósito atestigüemos una nueva versión de intervención extranjera, la ciudadanizada.

En una lectura perversamente interesada del texto legal se puede afirmar -hay quien lo ha hecho- que éste no señala limitante expresa para el origen del financiamiento de la observación electoral, pero resulta absurdo legislar sobre los términos de la competencia electoral y la transparencia del financiamiento partidista, y pretender que el legitimado para observar sobre ello pueda libremente responder a intereses del narcotráfico, la CIA, gobiernos extranjeros o el Vaticano, por mencionar tan sólo algunos de los sujetos interesados en intervenir en lo que por naturaleza les es ajeno.

Lo más paradójico y lamentable es que quienes durante años pelearon para sacar al Gobierno Mexicano del proceso electoral, no reparen ahora por las pretensiones de intromisión de 15 gobiernos extranjeros, que eso y no otra cosa es querer crear las condiciones, para ellos inexistentes, de limpieza y confiabilidad electoral.

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