La encuesta nuestra de cada día

Reglamentar o no las encuestas electorales. Tal es el dilema. Al menos debió serlo, toda vez que el IFE, teniendo facultades de reglamentarlas, no lo hizo. La ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) afirma que "no debería haber ninguna restricción en la conducción o publicación de encuestas de opinión llevadas a cabo de acuerdo con el Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la investigación de mercado y social, publicadas de acuerdo con el código ESOMAR para la difusión de los resultados de las encuestas de opinión".

Como puede observarse, esta organización no está en contra de cualquier ejercicio de reglamentación de las encuestas y sondeos de opinión pública, antes bien es autora de dos códigos, uno para la investigación de mercado o social y otro para la difusión de sus resultados, que consideran suficientes para garantizar la validez y valor de las encuestas, y que han merecido el reconocimiento y recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Estos códigos de conducta obedecen a que, como ellos mismos afirman, los resultados de las encuestas "algunas veces pueden presentarse de una manera tendenciosa y provocativa". "Reconocemos —concluyen— que existen algunas preocupaciones sinceras sobre los posibles efectos (en la mayoría de los casos no comprobados) que algunas encuestas podrían en teoría ejercer en el voto u otro tipo de comportamiento".

En ese orden de ideas y como es lógico pensar no cualquier encuesta, por el simple hecho de serlo, es válida y veraz; para ellos la validez y el valor de una encuesta radican en: "(I) La naturaleza de las técnicas de investigación usadas y la eficiencia con la que se aplican. (II) La honestidad y objetividad de la organización de investigación que lleve a cabo el estudio. (III) La manera en que los hallazgos son presentados y los usos que se les dan". Por tanto, en su código para la difusión de resultados se establecen como requisitos mínimos especificar el nombre de la agencia investigadora y de quien mandó levantar la encuesta, el universo efectivamente representado, el tamaño de la muestra y su cobertura geográfica, las fechas de levantamiento, el método del muestreo y de recopilación de datos, las preguntas importantes formuladas (de preferencia su redacción exacta) y el número de los que respondieron no sé o, en encuestas electorales, que no votarán.

"Sería claramente ilógico e irrazonable, señalan, esperar que los medios de comunicación mencionen todos los antecedentes técnicos de una investigación al presentar sus hallazgos: tienen limitaciones de espacio y también deben mantener el interés de la audiencia. Sin embargo, concluyen, existe cierta información básica que deben proporcionar si esperan que esa audiencia tenga la oportunidad de juzgar por sí misma la evidencia presentada, y decidir si está de acuerdo con cualquiera de las conclusiones de la investigación".

A mayor abundamiento recomiendan que "si como resultado de una experiencia pasada, una organización de investigación considera justificadamente que un cliente, en particular, no presentará fielmente los resultados de la encuesta de opinión en la versión que publicará los hallazgos, la organización de investigación tiene la responsabilidad de suspender las encuestas para dicho cliente".

Luego entonces podemos concluir que sí deben existir reglas elementales en torno a las encuestas y sondeos de opinión. No obstante, con miras a evitar los riesgos siempre presentes de excesos y censuras, podríamos pensar en un Instituto Nacional de Opinión Pública como asociación civil que agrupe a todas las organizaciones encargadas de levantar encuestas y realizar sondeos de opinión. Ella, además de llevar un registro que proteja a las empresas establecidas y serias de membretes y encuestadores de temporal y a la medida de los intereses del cliente, permitiría calificar —a toro pasado y en términos de la ESOMAR— "la naturaleza de las técnicas de investigación usadas y la eficiencia con que se aplican; la honestidad y objetividad de la organización de investigación que realiza el estudio; y la manera en que los hallazgos son presentados y los usos que se les dan". Ello permitiría justipreciar la calidad de las empresas, sus métodos y productos, amén de protegerlas de presiones, chantajes y piraterías; facilitaría la elaboración de códigos de conducta para la elaboración y difusión de sus trabajos, así como mecanismo de autocontrol y superación del mercado de encuestas. Finalmente, sería una garantía para la opinión pública nacional sobre el profesionalismo y honestidad de los prestadores de este tipo de servicios. Quede como idea ahora, que las encuestas son el pan nuestro de cada día.

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