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PARRESHÍA

Justicia, política y circo

Foto: lfmopinion.com


Nuevo León

La justicia va vendada de los ojos; no sabe si juzga a su hijo o al peor de sus enemigos; para ella solo cuentan los hechos y el derecho. Cuando el juez valora con sus razonamientos jurídicos cargas personales o ideológicas, no dice el derecho, (juris-decir), hablan sus filias y fobias.

Si a un juzgador le turnan un asunto en el que pudiera tener algún conflicto de intereses, está obligado a excusarse y, si no lo hace, la parte afectada puede recusarlo.

Además, así como la justicia no es un problema de simpatías o antipatías, tampoco lo es de mayorías. La mayoría es un expediente democrático, pero nunca necesariamente justiciero.

En todo juicio lo importante es probar. Probar o morir, reza la máxima del litigante. No se trata de denunciar ni publicitar, por más cobertura que se tenga, sino de acreditar en expediente. La carga de la prueba, además, recae en quien afirma. Si yo denuncio, estoy obligado a probar mi dicho; y no es una obligación solo legal, lo es ante todo ética. De allí lo peligroso e injusto de los juicios mediáticos y condenas cibernéticas; donde se denuncia sin pruebas y se condena con las entrañas.

Pues bien, hoy en Nuevo León se suceden sin respiro denuncias a cuál más temerarias contra del Gobernador en funciones; todas con escandalosa cobertura periodística y aviesa apuesta política. Lo que hoy debiera ser el pausado cumplimiento de la tarea gubernamental y democrática, es un circo romano.

Por deficiencias en la legislación general electoral y un acentuado canibalismo político, el titular del Ejecutivo estatal se ve sujeto de un procedimiento que, a su vez, está sometido a una controversia constitucional. Es decir, hoy nadie sabe si el Congreso es constitucionalmente competente y su procedimiento sustentable, pero todos están prendados del “espectáculo” que sigue su diabólico curso sin consideración de los costos políticos, económicos y sociales. Para acreditar mi dicho, pongámonos en la toga de un ministro que, acusado del peor de los crímenes, tuviera que sostener día a día el valor jurídico y moral de sus proyectos de sentencia.

El tema no es menor, no es un individuo más al que tienen sentado en el banquillo de los acusados, es el Gobernador de uno de los estados más importantes de la nación; gobernante que, hoy y aquí, representa políticamente a todos y cada uno de los neoloneses, incluso a sus detractores. Pongamos el caso de que en el ejercicio de sus funciones gubernamentales tenga el Gobernador que enderezar un frente presupuestal ante el Secretario de Hacienda, discutir condiciones laborales con líderes magisteriales, abanderar demandas económicas de empresarios neolones, lidiar por apoyos especiales ante el Gabinete de Seguridad, reclamar medicinas al sector salud federal o recursos al FONDEN; enfrentar al pulpo del transporte o combatir al crimen organizado. ¿Cuán consistente pudiera ser su fortaleza y márgenes de maniobra, ante la perspectiva de una inminente destitución politiquera; frente a otra, que debiéramos gozar, de normalidad democrática? Subrayo normalidad democrática con especial dedicatoria al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien debiera ser el primer garante del ejercicio y continuidad del voto democrático hecho gobierno y no su principal saboteador. No pasara muchos años sin que quede plenamente acreditado el partidismo atávico que exuda su resolución.

Pero vayamos pari pasu: se quiere sancionar al Gobernador de Nuevo León por la omisión de no cuidar la conducta de más de 550 funcionarios; pero resulta que éstos están, a su vez, sujetos a un procedimiento administrativo en curso y, acorde a la presunción de inocencia, no se les ha acreditado, aún, conducta ilegal alguna. ¿Cómo podría ser responsable por omisión el Gobernador de conductas subjudice y, por ende, aún no objeto de pena? Punibles, tal vez, en potencia, pero a la fecha no sancionadas, en acto. Vuelvo a la diferencia entre denunciar y acreditar en juicio.

Habría que esperar a que se cerrarán estos expedientes y, en su caso, determinar si cabe o no responsabilidad del Gobernador por acciones de terceros. A la fecha no hay un solo funcionario de los acusados que haya sido sentenciado por conductas punibles en el asunto que nos ocupa; los hay, sí, exonerados de las conductas que se les imputaron y que nunca se acreditaron ante autoridad competente y bajo debido proceso. Otra vez, no es lo mismo acusar que probar.

Lo anterior es de la mayor envergadura: la Sala del Tribunal Electoral determinó responsabilidad de sujetos que nunca fueron oídos ni vencidos en juicio y, de esta ilegal determinación, la Sala Electoral derivó imputaciones de irregularidades punibles para el Gobernador. El hecho, no obstante, es que ha sido hasta hoy que esos 500 y tantos funcionarios imputados fueron sometidos a un debido proceso y ejercido de su legítima defensa. Qué pasará si la autoridad administrativa competente no encuentra culpables a los 562 funcionarios y el Congreso, a pesar de ello, se obstina a sancionar al Gobernador y Secretario de Gobierno con base en una resolución de la Sala Electoral que, precisamente por no tener ella capacidad de sanción (no existe sanción en el derecho electoral para la conducta aducida), le aventó la bolita al Congreso del Estado y éste sanciona en abierta violación de toda legalidad posible.

Veamos, el Gobernador fue hallado culpable por la Sala del Tribunal Electoral por una omisión de cara a unas conductas de terceros que, hasta hoy, acorde a lo ordenado por la propia Sala, no han sido halladas legalmente acreditadas conforme a la legislación aplicable y autoridad competente.

Todo lo demás es ruido y propaganda, lo único que realmente cuenta son los hechos y las pruebas, y al día de hoy no hay más que ruido, solo ruido.

Ahora bien, con todas las inconsistencias del caso, la Sala determinó responsabilidad del Gobernador por omisión, pero no aplicó ella misma sanción alguna por la sencilla razón que la legislación electoral aplicable no prevé ninguna ante caso concreto.

Fue entonces que el Sala del Tribunal dio vista del caso al Congreso de Nuevo León, para que éste determinará, a la luz de la legislación vigente en Estado, si la omisión imputada al Gobernador, de cara a supuestas y aún no acreditadas conductas de más de 500 funcionarios, pudiese ser, a su vez, objeto de algún procedimiento y sanción.

El Congreso, en vez de determinar si hubiese legislación y sanción aplicables y vigentes con anterioridad al hecho, creó una legislación ad hominem y un régimen de sanción especial; ambas en violación a la Constitución General de la República. Eso es lo que está sujeto a controversia ante la Suprema Corte de Justicia. Veremos entonces si el Congreso tiene atribuciones y, en su caso, cuál es la legislación que, expedida con anterioridad al hecho, deba aplicarse con observancia a todas las garantías del debido proceso.

Veamos ahora otra faceta, la de si el Congreso puede ser en esencia un juez imparcial y de estricto derecho.

Partamos de que los legisladores no necesariamente tienen que ser expertos en derecho. Bastó ver la cara que pusieron cuando uno de los abogados de los justiciables les cuestionó sobre la recusación de que son, aún hoy, objeto. Sus caras acreditaron no tener idea de lo que se les cuestionaba y, por ende, las reglas de todo procedimiento jurisdiccional. Al valorar pruebas, desecharon muchas alegando no ser aceptables en el derecho electoral, siendo el caso que la Sala del Tribunal Electoral las envió a su atención por no ser su naturaleza electoral, de otra suerte la propia Sala lo hubiera resuelto. Lo más grave, sin embargo, es que el Congreso no tiene atribuciones para aplicar la legislación electoral general.

Pero antes aún del acto de juzgar, habría que estar a su imparcialidad. Hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es el propósito de su proceder, aunque sí su talante rijoso: ¿realmente buscan castigar una supuesta omisión permisiva o el origen independiente del gobierno y la derrota que propinó a la partidocracia en las elecciones del 2015?

¿Estamos ante una supuesta omisión gubernativa -en ningún lado acreditada-, o un ajuste de cuentas electoral y mediático?

¿Hasta dónde juegan los ánimos vindicativos partidistas y las apuestas electoreras de igual cuño? ¿Es realmente un compromiso justiciero y democrático lo que persiguen, o es castigo haber horadado el monopolio partidista de las candidaturas?

Existen innúmeras declaraciones de los diputados, hoy investidos en jueces en el caso concreto, que acreditan prejuicios y fobias contra los justiciables; sin menospreciar las ambiciones políticas que se juegan en medio de la cancha. ¿Estamos ante una justicia con los ojos vendados u otra interesada y aviesa? ¿Se busca realmente castigar un ilícito, o botín político?

Finalmente, estos juzgadores han hecho del juicio sometido a su cargo un circo romano, atrayendo sobre sí todos los reflectores y, por qué no decirlo, exhibiéndose con febril fruición. No estamos frente la determinación de un juez sobrio e imparcial ante su conciencia y la ley, sino de cara a un espectáculo que, como tal, se mueve y responde a golpes de aclamaciones. ¿Qué diputado va a querer jugarse su aspiración en el 2021 y ante su partido, primero, y un electorado ávido de sangre, después, por resolver conforme conciencia y en estricto derecho? ¿Habrá alguno que juzgue con los ojos vendados sin carga y aspiración partidistas, atentos solo a los hechos y al derecho, o privará en todos por igual el calculo electorero y el miedo político?

¿Son, dada su ascendencia partidista y apetito de poder, las personas más indicadas para decidir en estricto derecho sobre la gobernabilidad de Nuevo León?

Más aún, su determinación será procesada en un foro cien por ciento político, no jurídico; donde el peso de la mayoría es inevitable y la apuesta política privara sobre cualquier razón de estricto derecho y debida justicia.

Se imagina Usted la suerte de un diputado que, atento al derecho, votará en solitario contra la mayoría vociferante de la partidocracia en modo sanguinario.

No hay un solo partido ni diputado de partido que considere que, por sobre lo políticamente correcto en esta particular circunstancia, deba privar lo jurídicamente correcto. Entre la grilla y la justicia, no dudaran en sacrificar la justicia.

En la bibliografía sobre parlamentos destaca la institución del "Party Wip", el látigo del partido, mecanismo por el cual las dirigencias partidistas imponen a sus legisladores su agenda política. Las oligarquías partidistas, estudiadas por Michel, operan su control político a base de estímulos y castigos, de suerte que aquel legislador que se vaya por la libre y vote en conciencia sentirá de inmediato el latigazo del partido en su espalda; le serán vedados los espacios partidarios y el acceso a futuras candidaturas, dejará de gozar del cobijo de la dirigencia contra sus enemigos de casa y, posiblemente, terminará perseguido y expulsado. Eso hace que prive el mercadeo de leyes y favores en los Congresos del mundo entero. Lo norteamericanos le llaman el barril de manteca, manteca que aceita las manos del legislador y los engranajes del Congreso para conseguir lo que se busca. Aquí lo conocemos como "Moches". El hecho es que los congresos son los colegiados menos indicados para resolver asuntos de estricto derecho, habida cuenta que en ellos priva el látigo de las oligarquías partidistas y sus agendas políticas electorales, no el derecho, menos la justicia.

Ése es, quizás, el mayor pecado de este absurdo procedimiento disparado por una Sala Electoral que pudiera pasar a la historia por violentar con sus resoluciones aquello que está obligada a cuidar y garantizar, el voto ciudadano. En su lugar, someten el ejercicio y continuidad del voto ciudadano a la rabia incendiaría de los perdedores.



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