De umbrales y fotos

A como vamos, habremos de necesitar un socavón de mina para medir el nivel de nuestros transitólogos. Hoy la discusión se centra en cuál es "la fotografía" de nuestra transición: la de Porfirio el 1° de septiembre, o la de Cuauhtémoc en Los Pinos; aunque no debiera desecharse la del bloque opositor frente al zaguán de la casa del ilegal Creel (recuérdese que el flamante presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales violó el Cofipe al contender en las elecciones de 1997, estando legalmente impedido para ello), o, por qué no, la del egregio parlamentario Barboza, agarrándose a sombrerazos en la Cámara de la transición (de los priistas, por supuesto, también existen gráficas competitivas).

Mientras eso pasa, por fortuna, existen otras vertientes que introducen luz y aire en este ambiente nebuloso y sofocante de nuestros días. Sin mayores alardes el Partido del trabajo interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad contra unas reformas electorales a la Constitución y legislación secundaria de Baja California.

Expliquemos primero qué y para qué es esta figura constitucional y luego la litis en comento. El hecho de ser mayoría (priista, panista, perredista o champurrada. Por cierto, ¿alguien se ha preguntado quién votó por el partido "G4"?), no garantiza la constitucionalidad de sus actos. A mayor abundamiento, aún la mayoría parlamentaria está obligada a observar la Constitución al legislar. Cuando no lo hace, cuando una ley aprobada mayoritariamente viola la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como supremo garante de ella, puede invalidar dicha norma. Así, si las minorías o una minoría considera que la mayoría, en legítimo uso de su número, ha violado la Constitución General de la República puede utilizar la vía de la acción de inconstitucionalidad para hacer prevalecer el orden constitucional. Es eso lo que ha hecho el PT.

¿Con relación a qué? Pues contra unas reformas en Baja California que aumentan de 2 a 4 por ciento y de 1.5 a 3 por ciento el umbral para acceder a la asignación de diputados de representación proporcional en su Congreso local y de regidores en sus ayuntamientos, respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? que los partidos pequeños o emergentes están condenados a muerte aún antes de que se deposite el primer voto en las urnas.

La mayoría de los tratadistas concuerdan en que las barreras legales o umbrales altos sirven para impedir el acceso a la representación proporcional a los partidos pequeños, para concentrar el voto en favor de los grandes y para forzar el bipartidismo. Contra eso es la demanda del PT.

Adicionalmente es de considerarse que estamos hablando de circunscripciones electorales pequeñas, es decir, demarcaciones donde el número de escaños (diputados o regidores) a repartir es muy reducido. No se requiere ser actuario para entender que mientras más pequeña es una circunscripción, es decir, mientras menos sean los escaños a repartir, menor será la proporcionalidad que se pueda alcanzar. Si sobre esta limitante natural se suma una legal (umbral desproporcionado), se está ante un intento por revertir la tendencia nacional, iniciada desde 1963, y consagrada en la Carta Magna, de forjar un sistema de partidos plural y competitivo.

Conviene recordar aquí el espíritu de la reforma de 1977. A efecto afirmaba López Portillo: "El gobierno debe de promover y alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país, para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática"; y secundaba Reyes Heroles: "La unidad democrática supone que la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías (…) No admitimos para nadie el derecho de tolerar, y menos aún el de no tolerar modos de pensar distintos al suyo (...) Rechazamos actitudes que, a título de un modo de pensar, condenan a otros e invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco y violento". (Comentario al margen. Al releer estos textos me queda claro por qué el odio jarocho de Porfirio contra "Don Jesús").

Lo significativo del asunto, sin embargo, radica en que la Suprema Corte de Justicia, hasta donde sabemos, ya admitió la demanda y tendrá que pronunciarse acerca de si una barrera legal alta violenta o hace nugatorio el principio de representación proporcional que prescribe nuestra Constitución. Esta puede ser, en más de un siglo, la primera resolución de este supremo tribunal en materia electoral y, además, sentar un precedente fundamental en torno a uno de los temas más apasionantes de nuestra teoría y práctica electoral. Estemos atentos a lo que nuestro máximo tribunal resuelva, que sin duda será más serio, interesante, profundo y transitológico que en lo que se debate nuestro poder legislativo y su concurso de fotos.

#LFMOpinión
#IFE
#Transición