Elecciones: hora de resultados

Nada hay en el proceso federal electoral que concentre mayor atención y reclamo públicos que los resultados que se dan a conocer la noche de la jornada electoral, técnicamente denominados resultados preliminares. El tema ha estado presente en la reflexión política desde 1988 y su carga política-psicológica lo ha entronizado en "el acto electoral", sobre esto hemos depositado la casi total legitimación de nuestras elecciones. En el ánimo popular los resultados preliminares son el vértice donde concurren la histórica desconfianza a nuestros comicios; las estrategias partidistas de fraude o deslegitimación (según el cristal con que se mire) y el morboso deseo de que al gobierno se le haga bolas el engrudo: difícil es sopesar en la pregunta de si el sistema se va o no a caer nuevamente en 1994, cuánto hay de demanda para que no suceda y qué tanto de inconsciente afán de que ocurra.

Resulta recomendable precisar el alcance del concepto -aunque por algún tiempo será difícil quitarle las características casi mágicas que ha adquirido- y visualizarlo como un acto más —importante, sí, pero no el único ni el decisivo— del proceso electoral. En tanto sigamos viendo a nuestras elecciones como un fin en sí mismo y no como un método para la transmisión democrática y pacífica del poder; como un acto de fe, y no como un proceso harto complicado y riguroso al que todos concurrimos y del que todos debemos responder mientras esperemos que la democracia devenga de un solo evento, sin entender que no hay derrotas ni triunfos absolutos y que ésta se equipara más con un edificio que se construye todos los días, que con un fuerte que se conquista, a sangre y fuego, de una vez y para siempre, nuestros procesos seguirán siendo campo fértil para la desorientación, el rumor y la manipulación.

Si bien los resultados preliminares son, por su oportunidad y carga política, psicológica y anímica, una pieza clave para acreditar nuestras elecciones, no dejan de ser un momento dentro de una etapa —por demás complicada— del proceso electoral, conocida como de "resultados y declaración de validez de las elecciones".

Los resultados de la elección presidencial —no me referiré a los de senadores, diputados y asambleístas— son consecuencia de un proceso legal arduo y aburrido del que hay que distinguir: las opiniones e informes de los observadores electorales; los estudios de tendencias electorales realizados por terceros; los estudios de tendencias electorales del Instituto Federal Electoral; los resultados preliminares; los cómputos distritales; el proceso jurisdiccional y la calificación de la elección.


Observadores electorales.
Nuestra legislación considera por primera vez la observación electoral como un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos y regula su realización de manera pormenorizada. Independientemente de que parece estar surgiendo un movimiento que pretende capitanear y capitalizar este derecho cual "frente único y excluyente de observadores electorales" con claras ligas partidarias (lo cual merece artículo aparte), cabe señalar que la ley prohíbe a los observadores declarar el triunfo de partido político o candidato alguno, amén de que sus informes, juicios, opiniones o conclusiones no tienen efectos sobre el proceso electoral y sus resultados.

Lo anterior obedece a que la observación no puede sustituir los actos jurídicos contenido de las elecciones y sus resultados, ni los observadores a la autoridad facultada para procesarlos y publicitarlos. La sociedad civil, ese monstruo de mil cabezas que todas y cada una de las parcialidades dicen representar en exclusividad excluyente, deberá estar muy pendiente para que la observación atienda a los propósitos de evitar malos manejos en nuestras elecciones y dotarlas de la transparencia y credibilidad demandadas, y no contribuyan a ahondar nuestras desconfianzas y divisiones.

Tendencias electorales estudiadas por terceros.
Las encuestas y sondeos se han convertido en un instrumento de gran utilidad en los procesos electorales. En Estados Unidos los datos electorales que se difunden a lo largo del día de las elecciones son tendencias medidas por empresas televisivas privadas, a través de encuestas de opinión pública levantadas fuera de las casillas conocidas como exit polls. Es importante destacar que no son resultados electorales oficiales difundidos por autoridad competente quien, por cierto, se pronuncia varios meses después de la elección.

Nuestra legislación había sido omisa en esta materia hasta 1990, cuando se prohibió levantar encuestas durante los cinco días anteriores a la jornada electoral así como publicarlas. Curiosamente la prohibición no era para el día de la elección, fecha en que mayor influencia puede ejercerse sobre la ciudadanía. La reforma de 1993 establece que quien solicite u ordene la publicación de encuestas o sondeos sobre materia electoral y que se realicen desde el inicio de las campañas hasta el cierre de casillas, deberá entregar copia del estudio completo al Instituto Federal Electoral si éste se difunde por cualquier medio.

Sin embargo, durante los ocho días previos a la jornada electoral y hasta la hora del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido difundir por cualquier medio los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre las preferencias electorales de los ciudadanos. La infracción a esta disposición es sancionada penalmente. La prohibición pretende evitar que se influya en el ánimo del elector durante los días previos a la elección y, principalmente, durante la jornada electoral.

Obvia señalar que el 21 de agosto, después que cierren las casillas de las Bajas Californias, es de esperarse una guerra de estadísticas que, ojalá, sirva para desbrozar un camino que acredite nuestras elecciones y no para desplegar tácticas de descalificación interesada, genérica y generalizada.

Tendencias electorales medidas por el IFE.
En igual orden de ideas se faculta al director general del IFE a realizar los estudios pertinentes para conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, pero sus resultados sólo podrán ser difundidos por acuerdo del Consejo General. Lo anterior sin perjuicio del procedimiento de resultados preliminares.

Resultados preliminares.
El procedimiento que establecía el COFIPE en 1991 hizo nugatoria la posibilidad de conocer oportunamente los resultados electorales preliminares y vino a agravar la desconfianza electoral. Este consistía en:
1. Recepción exclusiva de los expedientes de casilla y firma de recibido de todas y cada una de las casillas por el presidente del Consejo Distrital.
2. Apertura, por el presidente del Consejo Distrital, del sobre anexado al expediente de todas y cada una de las casillas.
3. Lectura en voz alta, por el presidente del Consejo, de los datos de cada casilla y de los resultados consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones (número de casilla, boletas recibidas, boletas sobrantes, votación para cada partido (10 en 1991) y para candidatos independientes, votos nulos y votación de las elecciones de diputados y senadores en toda la República, en el DF también para asambleístas).
4. Anotación de todos y cada uno de los datos por el secretario del Consejo y los representantes de los partidos políticos -interrumpida permanentemente promociones y discusiones-.
5. Transmisión de los datos a la Dirección General del Instituto Federal Electoral.
6. Concentración nacional de la información.
7. Presentación al Consejo General de resultados preliminares.

La actual legislación prevé para 1994 que los Consejos Distritales adopten las medidas necesarias para que los expedientes de casilla sean entregados dentro de los plazos establecidos y que su recepción, así como la lectura y anotación de los resultados electorales, pueda hacerse en forma continua y simultánea por personas facultadas para ello. Los partidos pueden acreditar representantes suplentes para supervisar el proceso, en tanto que en las oficinas centrales del Instituto se garantiza el acceso de los representantes de los partidos acreditados ante el Consejo General, al centro de cómputo en que se concentre la información electoral nacional.

Estos, sin embargo, son aún resultados preliminares -oficiales, sí, pero preliminares-, toda vez que, para tutelar los derechos de ciudadanos y partidos, existe un complicado procedimiento legal que cumplir. La extrapolación que se hace de nuestros procesos con las elecciones en Estados Unidos no es del todo acertada: allá la autoridad electoral no ofrece resultado alguno el día de la elección, los datos que se conocen son muestreos de opinión pública realizados por cadenas de televisión privadas, mientras que aquí la autoridad electoral está obligada a informar los resultados preliminares -que tienen carácter oficial- y puede además, previa autorización del Consejo General, dar a conocer tendencias electorales. En ello, precisamente, radica su gran oportunidad y riesgo: difícilmente podrá sustentarse el proceso electoral si en esta ocasión los resultados preliminares no aportan oportunamente la transparencia y tranquilidad de que están urgidas nuestras elecciones, sólo ellos permitirán continuar ordenadamente el procedimiento de resultados y declaración de validez.

Cómputos distritales.
Si bien la noche misma de la jornada electoral podrán conocerse tendencias electorales y resultados preliminares que permitan presumir, con mayor o menor precisión, el sentido del sufragio, lo sustantivo es que todos y cada uno de los votos se cuenten y se cuenten bien, que ello se realice bajo un procedimiento legal que salvaguarde y tutele los derechos de ciudadanos y partidos políticos, y que los resultados respondan a la ingente demanda de certeza, seguridad y definitividad jurídicas —pilares de toda convivencia social—, hoy tan ciegamente vilipendiados.

El proceso electoral, pues, no termina con la jornada electoral. Es más, si observamos con atención, da la impresión que algunos partidos inician campaña política y movilización militante en la etapa mejor conocida como postelectoral. Otros, adelantan vísperas y viven en y para el combate de resultados de elecciones que ni siquiera se han efectuado, en vez de forjarlos en su favor. Esta etapa se ha convertido en una de las más delicadas al constituir lugar común para ganar o perder elecciones por presión, negociación y/o chantaje sobre el mandato de las urnas.

Los cómputos distritales se realizan el miércoles siguiente a las elecciones. El plazo que media entre la jornada electoral y éstos obedece no sólo al tiempo que se requiere para la recepción de todos los expedientes de las casillas en los Consejos Distritales, sino principalmente para que los partidos puedan revisar las copias de las actas de casilla y presentar los escritos de protesta contra las votaciones de aquellas en que sus representantes no los hubiesen presentado. El escrito de protesta es requisito procedimental del recurso de inconformidad contra los resultados de las elecciones, se puede presentar al término del escrutinio y cómputo en la casilla o en el Consejo Distrital hasta antes de iniciarse (a las ocho de la mañana del miércoles siguiente a la elección) la sesión de cómputo correspondiente.

Los cómputos distritales se inician con el de la elección de Presidente de la República, anteriormente éste se efectuaba hasta el final. El cómputo debe realizarse ininterrumpidamente hasta su conclusión, para ello (reforma de 1993) se permite la sustitución y alternancia de los miembros del servicio profesional electora —funcionarios del Instituto— y la suplencia de los Consejeros Ciudadanos y representantes de partido.

Es importante resaltar que durante el cómputo se puede realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de las casillas, es decir: abrir los paquetes y volver a contar los votos válidos, los nulos y las boletas sobrantes e inutilizadas, en los casos en que las actas no coincidan, no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla, no obre en poder del presidente del Consejo copia de la misma, o existan errores o alteraciones evidentes en las actas. En estos casos los partidos podrán impugnar el resultado de este nuevo escrutinio y cómputo sin necesidad de presentar escrito de protesta.

Si por un lado los partidos, representados en todos los Consejos Distritales, hayan o no contado con representantes en las casillas, pueden conocer al momento de la recepción de los expedientes los resultados de la votación; por el otro, durante el cómputo distrital pueden, si se dan los supuestos de ley, abrir todos y cada uno de los expedientes y contar nuevamente los votos de cada elección, independientemente de que sus representantes en casilla hayan firmado las actas correspondientes y, con mayor razón y como suele ser en la mayoría de los casos, si no tuvieron representación alguna en casilla.

Proceso jurisdiccional.
Los partidos pueden impugnar, ante el Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso de inconformidad, el cómputo distrital de la elección presidencial por lo que toca a la votación recibida en una o varias casillas o por errores aritméticos que se hayan cometido. El Tribunal es un órgano constitucional obligado a resolver de pleno derecho. El COFIPE establece con precisión el procedimiento jurisdiccional al que debe sujetarse la substancia de los recursos salvaguardando, por igual, los derechos de los partidos políticos y sus candidatos y la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Calificación de la elección.
La reforma de 1993 suprimió la autocalificación de diputados y senadores, es decir: eliminó los colegios electorales donde los presuntos legisladores calificaban en última instancia su elección. Para el caso del Presidente, el Colegio Electoral persiste por tratarse de una calificación del Poder Legislativo a la elección del titular del Ejecutivo. Así, es facultad de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de la República, cuya resolución es definitiva e inatacable. Es hasta entonces cuando concluye el procedimiento de resultados de la elección presidencial.

Espero haber mostrado que el fenómeno es mucho más complejo y elaborado que la mera publicitación de resultados preliminares la noche de la jornada electoral, sin menoscabo de la importancia que ello representa para la confianza y transparencia de nuestras elecciones; nada de lo que se haga para aportar certeza y consistencia a nuestros procesos debe dejar de hacerse.

Los resultados preliminares serán en 1994 de vital importancia para la tranquilidad y acreditación de nuestros procesos y autoridades electorales, pero aun así serán, parte de un todo. Como ciudadanos debemos estar alertas de que se cumplan todos y cada uno de los actos que construyen el proceso electoral, de ellos en su conjunto devendrá la legitimación y acreditación de las elecciones. Un evento, por más importante y espectacular que sea, no puede concentrar providencialmente en sí y por sí la validez absoluta de las elecciones.

El 21 de agosto deberemos exigir y estar atentos a los resultados preliminares pero, por igual, habremos de considerarlos como parte de un proceso de calificación que apenas inicia. En los aciagos días que se prevé sigan, será pertinente no olvidar las palabras de Bobbio: "Lo que distingue a un sistema democrático de los sistemas no democráticos es un conjunto de reglas del juego (...) quien no se haya dado cuenta de que por sistema democrático se entiende hoy, inicialmente, un conjunto de reglas procesales (...) no ha entendido nada y continúa sin entender nada de la democracia".

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