Paciencia, ¿del gobierno o del gobernado?

Todos tienen derecho a tener un parecer. Nadie a imponerlo. Menos por la fuerza.

Los grupos violentos que siembran el caos en nuestras ciudades actúan bajo un mando único, con una estrategia escalonada de violencia y provocación, una agenda de rosarios de delitos tipificados y la violación flagrante de los derechos de todos aquellos que se cruzan en su camino o, bien, de aquellos cuyos caminos impiden: Congreso, pasajeros, educandos, automovilistas, transporte público, etc..

Puede que, además, tengan alguna causa socialmente válida que enarbolar e, incluso, alguna propuesta estructurada y viable que impulsar en las reformas que se discuten. Si ello fuera así, nadie las conoce, porque su movimiento es eminentemente político y su objetivo la anarquía.

En otras palabras, todo mundo tiene derecho a hacer valer su parecer y a abanderar sus causas. Pero a nadie le asiste el derecho a desquiciar la vida de los demás. A mancillar sus derechos, violentar el orden y turbar el acontecer diario de una sociedad.

No hay derechos contra la sociedad y su ley.

La Constitución garantiza la libre manifestación de las ideas, la asociación y la participación política; pero ningún derecho es absoluto y debe convivir en respeto con los derechos de todos los demás. Eso se llama convivencia civilizada, organizada y normada por leyes y costumbres que hacen posible la coexistencia de intereses diversos e, incluso, contradictorios.

Cuando grupos perfectamente organizados, bajo estrategias militares, con objetivos sensibles y de notoria publicidad, operan en nuestras ciudades con el único propósito de desquiciarlas, generar el mayor daño posible, escalar su violencia y buscar a toda costa muertos o golpeados que los conviertan de victimarios en víctimas y de agresores en agredidos, no estamos frente a derechos a respetar, sino ante delitos y sediciones a impedir y castigar.

Resulta de risa que a meses del inicio de su estrategia desestabilizadora, de ejercitarla y organizar su logística, hoy les diga la autoridad que su paciencia tiene límites, cuando no es un problema de paciencia, sino de vigencia de la ley.

La autoridad no está para ejercicios de paciencia. Está obligada a hacer prevalecer la ley, restaurarla donde ha sido violentada, resarcir su violación y sancionar al infractor. Por supuesto que tiene que hacerlo con prudencia y con la ley en la mano. Pero es su obligación hacerlo, con o sin paciencia.

Desde meses lo hemos venido diciendo. Estos no eran hechos aislados. Se veía a leguas su maquinación única y atestiguamos paso a paso la construcción, organización y preparación de las legiones orquestadas que hoy enseñorean en nuestras calles su desacato a la ley y la befa a nuestra convivencia civilizada.

Por otro lado, debemos distinguir con claridad meridiana entre las causas y propósitos que dicen enarbolar, y las acciones que toman para hacerlo. De las primeras tenemos que defender su derecho a existir y manifestarse, así como la obligación de ponderarlas a la par que con todas las demás propuestas en la construcción de las leyes que hoy se discuten. De las segundas debemos exigir respeto a la ley y a los derechos de los demás.

¿Qué tienen que ver los miles de pasajeros que no pudieron tomar sus vuelos, o los cientos de miles que no llegaron a tiempo a sus casas o trabajos, o destino cual fuera, porque los sedicentes maestros decidieron mostrar músculo sitiando el Aeropuerto Internacional de México, qué tienen que ver, repito, con la reforma educativa?

¿Qué tienen que ver las puertas de un hotel cercano al Senado, destrozadas a patadas, con la legislación para normar la carrera magisterial?

Más de una veintena de policías lesionados tras el asalto al interior de las instalaciones del ¡Congreso de la Unión!, de qué postura, en torno a qué tema de la legislación en discusión son argumento válido.

Unas son las causas legítimas y muy probablemente atendibles del magisterio, otros los objetivos desestabilizadores, violentos y posiblemente terroristas y sediciosos que tras aquéllas se esconden.

¿Me pregunto en qué artículo de la Constitución se rige la paciencia de las autoridades? Supongo que rezará así: La autoridad cumplirá y hará cumplir esta Constitución cuando se colme su paciencia.

De lo que no tengo duda alguna es que cuando la paciencia del gobernado se acaba, no hay gobierno que sobreviva: lo que hace al mandato es la obediencia. Tú mandas hasta que te dejan de obedecer.

PS.- Mancera se equivoca, su primer obligación es para con los habitantes de la ciudad que gobierna. Los otros, una vez destruida ésta, se van a ir.

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