Cínico, voraz, autista y suicida

Hay de dos: o admite que todos sus argumentos y pruebas fueron mediáticos y chabacanos; o acusa –una vez más- complot cósmico y venalidad jurisdiccional.

La frivolidad de sus agravios y probanzas quedó puntualmente acreditados en la sentencia. La tunda jurídica es de pena ajena.

La falta de respeto a la justicia, Estado de Derecho, democracia y a la ciudadanía, a todos ellos inherente, es inocultable. Solo un loquito del derecho, como Jaime Cárdenas, o un porro, como Monreal (ya debidamente resguardado con fuero en San Lázaro) pudieron prestarse, con Notario de cabecera de comparsa, a semejante desaseo.

Arturo Núñez, quien no es abogado, aunque debiera serlo, lo dijo oportuna y rotundamente: con esas pruebas no se prueba nada; pero no hay más ciego que el que no quiere ver, ni mayor sordo que el que no quiere oír.

La esquizofrenia y el cinismo definen a nuestro sistema de partidos: son los partidos quienes pactan las leyes, no en atención a la realidad que se busca normar a la luz de determinados valores y fines, sino para medrar e imponerse a la voluntad ciudadana, no por parte de un partido en particular, sino de todos y cada uno.

En una verdadera democracia, al menos tres de nuestros partidos, si no cuatro, no tendrían la menor posibilidad de subsistir; lo hacen no por la voluntad popular, sino por arreglos copulares legislativos.

Esos mismos arreglos decidieron que la fiscalización de recursos corra por cuerda separada a la calificación de la elección; aunque ahora todos rasgan sus vestiduras y acusan a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales de dicha inconsistencia, cuando son los partidos los verdaderos y únicos responsables de dicha circunstancia.

Lo que nos faltaba era la desmemoria selectiva enarbolada por Acción Nacional en voz de Rodríguez Prats (otro tropical de atar), quien acusa a nuestra democracia de legaloide. Se olvida que fue el PAN quien desde la década de los cincuentas impulsó la creación de una justicia electoral cuando la calificación de las elecciones era eminentemente política. Tiempos de los Colegios Electorales y de la Comisión Federal Electoral, cuando los actos y resoluciones de los órganos comiciales no tenían vías para ser impugnados y eran los mismos electos, en calidad de presuntos diputados o senadores, quienes resolvían las impugnaciones de sus elecciones. Mayor parcialidad no podría encontrarse, es como si Peña Nieto hubiese sido el encargado de resolver la demanda de no validez de su elección.

En un paso verdaderamente trascendental se crearon los tribunales electorales y procesos de pleno derecho; se instauraron vías para el control de la legalidad y la constitucionalidad de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de las partidarias; se abrieron ámbitos para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Instancias jurisdiccionales desplazaron a los foros políticos y politizados; el debido proceso de ley, garantía del justiciable y no capricho del juez, sustituyó el discurso político y la aplanadora mayoritaria. Nadie tiene ya que suicidarse en la Tribuna de la Cámara de Diputados para defender su elección, hay tribunales, leyes y procedimientos que, impulsados por el PAN desde 1952, hoy son tachados de legaloides por los panistas ¡Vive Dios!

Supongo que Rodríguez Prats desea regresar a los colegios electorales y a la Comisión Federal Electoral. Está en su derecho, pero al menos que se haga cargo de su despropósito y locura.

La ley, sí, es límite; pero el límite es seguridad.

En un tribunal de pleno derecho se tiene que probar, no solo cacarear que se prueba. Que eso incomode a quienes no pueden probar su dicho no es un problema del tribunal, ni de la ley, sino de sus probanzas y, seguramente, de la falsedad de sus dichos.

Seamos serios, el problema no es el tribunal, ni el procedimiento jurisdiccional, ni el fiscalizador, ni el IFE, es nuestro sistema de partidos cínico, voraz, autista y suicida.

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