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Fiesta electoral y gobernanza criminal

Fiesta electoral y gobernanza criminal

Foto Copyright: canva.com

La violencia política no se puede entender sin el crimen organizado queriendo incidir en los resultados electorales, así lo sostiene la Doctora Sandra Ley, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en entrevista con el medio Sin Embargo.

Si bien no es un fenómeno nuevo, al ser más grande el número de elecciones congregadas en un solo día, de diferentes niveles de gobierno y con una vasta dispersión geográfica, con más de 20 cargos en juego, es más visible su violencia.

Las cifras de violencia política arrojan mayor presencia en las elecciones de nivel municipal, porque es éste en el que el crimen organizado puede negociar y generar redes de protección para operar en impunidad.

La profesora Ley señala, además, que los procesos electorales son la puerta para que el crimen organizado pueda establecer controles políticos más profundos: “Los procesos electorales se vuelven un punto importante para poder negociar esas redes de protección y al mismo tiempo para poder tener acceso a recursos. (…) Hoy sabemos que el crimen organizado ha logrado —después de estos procesos electorales— incidir en el erario, licitaciones, en contratos, en la captura del aparato de seguridad a nivel. Entonces por eso se vuelve tan importante incidir en campañas.”

La “fiesta de la democracia” ha devinido, así, en lo que la Doctora Ley llama “Gobernanza Criminal”, por medio de la cual el crimen organizado busca imponer controles en el quehacer público en los ordenes políticos, económicos y sociales.

Por si te interesa: Cifras alarmantes de violencia política en las elecciones: Etellekt.

El pasado 30 de abril, al informar sobre la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo: “Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente (…) El crimen organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán a la democracia de ninguna manera y la seguridad de las elecciones es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos con libertad.”

El Plan de Protección a Candidatos se implementó, además de para proteger vidas, para combatir la infiltración criminal en los procesos electorales y el secuestro de las elecciones al imponer el crimen organizado a candidatos afines a sus bandas.

Según el diagnóstico presentado por la secretaria Rodríguez, la cooptación de candidatos se presenta mayormente en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.

No obstante, no toda la violencia política proviene del crimen organizado. El titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en los Estados y Regiones de la SSPC, Arturo Medina, en entrevista aseveró: “No todos los hechos denunciados tienen que ver con violencia en el contexto electoral, hay algunos, que ya se han dado a conocer los avances por parte de las fiscalías y que han tenido que ver con otros móviles y las líneas de investigación (…) Han señalado a la delincuencia organizada, han señalado a contrincantes, han señalado a personas desconocidas […] hasta nos han dicho que son sus contrincantes del partido de enfrente los que los han amenazado sin que medie una carpeta de investigación, y así hay muchos casos.”

Con datos de la SSPC, se han registrado al menos 398 casos de candidatas y candidatos amenazados o agredidos, de los cuales 226 son hombres y 172 mujeres. Este conteo oficial comprende desde el mes de marzo, cuando inició la estrategia de protección hasta el 21 de mayo, fecha del último corte oficial.

Al día de hoy se brinda protección a 148 candidatos, de ellos, 80 son resguardados por autoridades locales, 52 por la Guardia Nacional, 14 por gobiernos municipales y 2 por diversas autoridades combinadas.

El 48% de las amenazas, según datos oficiales se han concentrado en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Según Sandra Ley, el crimen organizado no distingue partidos, busca incidir en los gobiernos estableciendo redes de poder sin importar banderías: “No estamos frente a actores políticos como los grupos guerrilleros o paramilitares que sí pueden tener ciertas tendencias ideológicas. En el caso del crimen organizado lo que se busca es establecer redes de protección y no importa el color (de partido) que sea, mientras sea posible establecerlas.”

Lo más grave, sin embargo, no es la violencia sino sus consecuencias. Nuevamente es la Doctora Ley: “En esos lugares donde hubo violencia y donde el crimen sí tuvo la capacidad para incidir porque es en ese punto donde se está transformando la gobernanza a nivel local, pero en el que también (si hay alternancia de partidos) generará inestabilidad en las redes de protección y seguramente entraremos así nuevos ciclos de violencia.”

Estas circunstancias acreditan descuido y omisiones gubernamentales de hoy y de ayer, no es algo nuevo. Principalmente, se ha dejado en el abandono a los municipios en materia de seguridad. Dice Ley: “Una y otra vez las distintas administraciones han apostado por una política a nivel nacional sin voltear a ver lo que pasa a nivel de comunidad y a nivel municipal, que es a nivel del que está operando el crimen organizado y en ese nivel es donde se están manifestando estos controles.”

Las políticas públicas ponen el acento en la faceta violenta de las organizaciones criminales, sin considerar el arraigo profundo que tejen en las propias comunidades: “Debería forzarnos un poco a reflexionar sobre ese nivel municipal, qué tanto hemos desdeñado, que es donde opera el crimen organizado”.

El hecho es que para el presidente López Obrador el tema de la violencia política está teñido de amarillismo y en México hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad y se goza de paz y tranquilidad.

Con información de Sugeyry Romina Gándara en Sin Embargo.

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