Decreto de AMLO evade Estado de Derecho: CCE
Foto Copyright: Twitter: @CSalazarLomelin
Homologar los proyectos de obra pública con seguridad nacional provoca la evasión de normas constitucionales: Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Para el CCE el decreto que eleva a seguridad nacional los proyectos de infraestructura del Gobierno federal, transgrede Derechos Humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la competencia, la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
En su posicionamiento público de cara al llamado “Decretazo”, Carlos Salazar Lomelín, en nombre de la organización empresarial manifestó su "desacuerdo y fuerte preocupación".
El CCE aglutina las 12 cámaras empresariales más representativas de la actividad productiva en México, cuyos agremiados aportan el80% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país, y, por voz de su dirigente, ayer señaló que esta decisión "prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión".
Además, consideró que equiparar proyectos de obra pública con el término seguridad nacional provoca que se evadan normas constitucionales y legales que tiene la función de proteger los Derechos Humanos, el medio ambiente, las transparencia, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
El CCE señaló que el concepto de seguridad nacional se reserva exclusivamente a casos graves que lo justifiquen, así como que la decisión de otorgar este calificativo corresponde al Congreso federal mexicano, de acuerdo con lo que indica la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que resaltó que: "este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley".
"Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio", advirtió el CCE.
En ese tenor, el CCE hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho en México, a fin de proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los Derechos Humanos, que afirmó "son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones".
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que “es materialmente imposible” que dependencias públicas emitan aprobaciones de proyectos de infraestructura en cinco días, sin que se eviten impactos negativos en los derechos de los ciudadanos.
La Confederación, también en un posicionamiento público, sostuvo que esta medida puede ser “severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos”, toda vez que los trámites que se quieren evadir están diseñados para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.
“Con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus Derechos Humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado”, explicó la Coparmex.
Así lo expresaron Luis Gerardo García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) , René Solano Urban, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), su preocupación porque López Obrador busque denominar a obras federales como "Seguridad Nacional" y exija la autorización de todos sus proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo máximo de cinco días.
“Estamos preocupados y ocupados por dos cosas. Primero por cambiar el nombre a las cosas para volar todas las reglamentaciones que existen, mandar a prioridad nacional a cuestiones que no tienen sentido que así sean”, expresó González García.
Para Solano Urban, la infraestructura es para mejorar el crecimiento y desarrollo del país, pero ello no admite categorías para evadir los procesos correspondientes.
Con información de El Sol de México.
Publicado en The Búnker.
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