Más de lo mismo

Iniciemos el año tratando de replantear, una vez más, el problema del acongojado IFE que, aunque relegado por la urgencia y gravedad de conflictos más dolorosos, no debe ser menospreciado en sus términos y posibles consecuencias.

Vayamos al fundamento mismo de la institución, fundamento, por cierto, harto despreciado a últimas fechas: la Constitución. Ésta, cuando se refiere a la organización del IFE, señala con precisión que cuenta con órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; hecho ello, define al Consejo General como el "órgano superior de dirección". Es decir, el Consejo General, en términos constitucionales, es un tipo de órgano entre cuatro distintos que componen al IFE. Su carácter es de dirección y es el órgano superior de su clase, lo que de suyo indica que no es el único órgano con esa calidad y función dentro del Instituto.

La superioridad del Consejo es sólo en el ámbito de las atribuciones de dirección y no puede interpretarse como una superioridad genérica y absoluta, que venga a trastocar el diseño estructural del Instituto y su asignación y especialización de tareas. Hoy se pretende que el Consejo sea el órgano "supremo" del Instituto para todo tipo de efectos y, por ende, sin acotamiento ni especialización algunos. En ese carácter, muy distante y distinto al de órgano superior de dirección, el Consejo -que en realidad son sus draconianas comisiones, que en el fondo vienen a ser seis consejeros cebados de poder-pretende abrogarse el ejercicio de todas y cada una de las funciones de todos y cada uno de los órganos del IFE. Al hacerlo, viola la Constitución y pone en riesgo la viabilidad del Instituto y, por ende, su función estatal.

Inclusive, en tanto órgano superior de dirección, el Consejo no puede conocer de todo tipo de asuntos directivos, sino sólo de aquellos que por su importancia y envergadura sean objeto de su superioridad por ministerio de Ley. Pretender, como quiere el G-6 (cónclave de seis consejeros que creen traer a Dios de las orejas), que todo sea objeto de su conocimiento y acuerdo (por supuesto, a través de una comisionitis delirante), viola la asignación de competencias y gravita contra el propio Consejo al pretender que atienda materias de ámbitos e importancias menores. Ya no será así el órgano superior de dirección, sino el órgano superior de incompetencias: incompetente por ineficiente e ineficaz, e incompetente por extralimitar sus atribuciones, léase límites, legales.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido, o bien pretende olvidarse, es que la Constitución diferencia entre los consejeros electorales y el Consejero Presidente. Con el mayor respeto para los autónomos y ciudadanizados consejeros, el Consejero Presidente no es su par. Tiene una legitimidad propia y diferenciada. Su designación corre por proceso, independiente y previo.

A diferencia de los consejeros electorales, el Consejero Presidente tiene atribuciones específicas y permanentes, además de las de integrar el Consejo con voz y voto; entre ellas las de velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del instituto y presidir la Junta General Ejecutiva. El es, pues, el único miembro del Consejo, con calidad de consejero que tiene un pie en un órgano de dirección y otro en uno ejecutivo. A mayor abundamiento, él es un órgano dirección y un órgano ejecutivo.

Pues bien, no obstante su propia y diferenciada legitimidad y competencia legal, a este funcionario se le pretende reducir hoy a simple pieza de ornato; en palabras del más sórdido de los consejeros: en un monarca "que reine pero no gobierne". El gobierno estaría en manos del Consejo General en tanto "titular" del IFE (¡échense ese trompo a la uña!, con todo y doctorados en derecho y premios nacionales en administración pública); aunque en realidad quedaría bajo el control de un primer ministro en la sombra, ese alrededor del cual se nuclea el G-6 cada vez que sus estrategias caen por tierra y sólo queda el expediente de su deslegitimada mayoría, lo cual, por cierto, cada vez es más seguido. La unanimidad que tanto se presumió durante el proceso electoral fue, según queda visto, obra del Consejero Presidente, el mismo funcionario que sigue tratando de cumplir con su atribución legal de velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto, a pesar de los esfuerzos en contra de algunos de sus compañeros.

Entretanto, una cosa puedo asegurar para este 1998 sin temor a equivocarme: el IFE seguirá siendo objeto de controversia, los seis consejeros electorales, revueltos o separados, continuarán su acometida contra Woldenberg y Solís; a través de sus nefastas comisiones paralizarán a la estructura ejecutiva del Instituto hasta hacerla tronar, no cejarán en su afán de desplazar a los vocales para nombrar a quienes respondan a sus intereses (aunque luego quieran meterlos a la cárcel, como es el triste caso del Vocal Ejecutivo de Querétaro, ex protegido del esquizofrénico Jaime Cárdenas); por medio de acuerdos ilegales cerrarán el paso al surgimiento de nuevos referentes partidistas; estarán en el centro de los conflictos de las próximas elecciones locales, y serán los causantes de varios de ellos. Si los dejan, querrán negociar la paz en Chiapas, como fue el propósito de algunos consejeros en 1997, según confesión escrita del propio Zebadúa.

Feliz autónomo y ciudadanizado año de 1998.

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