Terquedades

¡ Y arrancan! Algunos consejeros electorales empiezan a calentar el ambiente para llegar en estado de gran suspenso a la próxima reunión del Consejo General del IFE (¿cuál será la nueva filtración o de quién la declaración tronante?). Así, lo que se anunció como una evaluación objetiva, profesional e imparcial del desempeño de Felipe Solís termina, de nueva cuenta, en una "lucha de terquedades" —en palabras de Clara Jusidman, quien así suma "oportunamente" su granito de arena al conflicto—. Lucha de terquedades donde tendrá que triunfar, concluye Jusidman, la terquedad que se opone a "una formación administrativa vertical que no encaja con la estructura que se quiere construir", por sobre la que sólo exige datos duros para evaluar, parámetros objetivos con que medir y seriedad, legalidad y buena fe en los evaluadores.

Jusidman se suma a la moda administrativa contra la verticalidad y a la ausencia de elementos objetivos y serios para evaluar a Solís. Yo le pregunto a la distinguida doctora: si el Registro Federal Electoral debe, según su dicho, "llegar a ser una empresa eficiente de organización de elecciones" (bueno, en la parte registral y cartográfica que le corresponde) y "acortar los tiempos de la entrega de credencial de elector sin que se pierda el grado de confiabilidad alcanzado", ¿será posible hacerlo sin una —en sus términos— "estructura y concepción administrativa jerarquizada, vertical, militar"? ¿Cómo fue que ella operó hasta hace unas semanas el Registro Federal de Electores, si no con una estructura jerarquizada y un control vertical? No me la imagino sometiendo a votación de los encargados de módulos la definición de los manuales de campo, sus horarios, los plazos de actualización del padrón, o los sistemas de control del proceso.

No sé si sea la "formación vertical" (imputada, más no probada, a Solís), la que no encaja en "la estructura que se quiere construir" o sea ese deseo, que sin definición pública de los sujetos que lo impulsan y los objetivos que persigue, el que no encaja en la normatividad que, gracias a Dios, aún rige el proceso electoral. Si lo que tanto les molesta es cómo funciona el IFE, díganlo y propongan las reformas constitucionales y legales correspondientes, pero no argumenten -como coartada- en contra del diseño estructural y funcional de la institución, con miras a que una vez en control de la misma la operen bajo el mismo diseño que hoy atacan.

Finalmente la doctora Jusidman cae en el lugar de moda: el IFE "debe ser un instituto de ciudadanos porque hasta ahora son los que menos han estado presentes en el organismo". ¡Vive Dios! El IFE es una institución que sólo puede integrarse por ciudadanos mexicanos, pero es un órgano de Estado y sus actos son de autoridad. No se puede, utilizando términos de Luis Salazar (CRONICA 14/10/97), pretender llevar al IFE "la ingenua o interesada confusión (que) convierte (a los ciudadanos) en virtuosos y desinteresados defensores de las causas nobles frente a las fuerzas perversas del poder (la verticalidad y demás petates del muerto que le endilgan).

No es casual —afirma Salazar— que, ante el descrédito de partidos e instituciones (descrédito auspiciado desde adentro de algunas instituciones, agregaríamos nosotros), una de las mejores maneras de hacer política se vuelva pretender que no se hace política, que no se pertenece a ninguna formación partidaria y que no se busca el poder" (¿remember Creel y su exitosa escuela?).

Ello coloca a estos "ciudadanos ciudadanizados" por encima de cualquier compromiso y al margen de cualquier responsabilidad. Qué mejor que ser funcionario ciudadanizado y, por esa pseudocalidad, exento del régimen de responsabilidades del servicio público. Por ejemplo, hemos oído afirmar repetidamente a algunos consejeros que como individuos nadie les puede conculcar sus derechos, entre ellos el de expresión. Sin embargo, cuando así argumentan no lo hacen en calidad de individuos, sino como autoridades en el ejercicio de una función de Estado, y en un estado de derecho la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta. Aquí se muestra una esquizofrenia de quien dice luchar por las libertades frente a un Estado opresor, cuando se es precisamente órganos de ese Estado y se actúa en ejercicio de una función estatal y, por tanto, se está obligado a hacer sólo aquello que la ley marca y como lo marca, con respeto a los derechos de los individuos frente al Estado, no en exacerbación de los derechos del individuo-funcionario desde el Estado. El riesgo de esta esquizofrenia es que el funcionario no vea los límites de su actuar y, envuelto en sus derechos como persona, extralimite sus actos de autoridad y viole las obligaciones que lo rigen.

En esa confusión es fácil operar verticalmente, pero señalar en otros verticalidad y autoritarismo, o bien confundir, como observamos en la Cámara, el fuero constitucional con patente de corso. Concluyamos con Luis Salazar: "En este sentido el ideal efectivo de buena parte nuestros ciudadanos autodesignados parece ser el de gozar de una impunidad total, de una situación en la que nadie ni nada les pueda exigir responsabilidades. Ellos, los puros, no tienen por qué explicarle a nadie el destino de los fondos que reciben, ni de las redes de complicidad que tejen, ni de las consecuencias reales de sus acciones y declaraciones (menos aún de sus terquedades). Tampoco tienen por qué hacerse cargo de los problemas existentes, o de proponer medidas para resolverlos: su papel es denunciar (y si se puede agravar) las perversiones y maldades de los políticos y de la política, dado que su capital político depende del desprestigio de estos últimos" (y de las instituciones que los padecen).

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