Quis custodiet custodes

Quién cuida al cuidador. Preocupación que ha al género humano desde el primer momento que alguien mandó sobre otro. Poner un cuidador sobre el que cuida nos llevaría a una espiral de cuidadores, donde siempre prevalecería la cuestión de quién cuida al último cuidador. La solución que parece olvidarse con cada generación, cual si hubiese que pagar con sangre propia la experiencia de la humanidad en este renglón, es someter al cuidador a la ley. El Estado de derecho consiste, pues, en someter al Estado de derecho, nada más, pero nada menos.

Sin embargo, para algunos el Estado de derecho pareciera ser el ejercicio de la autoridad a base de ocurrencias fobias y paranoias. Hemos sido informados que en esta elección han de operar "Brigadas de Verificación", mantenidas hasta hace unos días en secreto por quien está obligado a la objetividad y a la certeza. Brigadas que constituyen el último disparate de la desconfianza institucionalizada.

Trescientos jóvenes "verificadores y encuestadores", cuyas edades oscilan entre 16 y 20 años, bajo las órdenes de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General, han sido "habilitados" para observar cualquier irregularidad cometida por funcionarios electorales, representantes de partidos, observadores, asistentes electorales y ciudadanos en general. Algo así como "Comisarios Electorales del Pueblo". Al respecto caben las siguientes observaciones:

1. La ley establece quiénes tienen derecho de acceso a la casilla. Estos "verificadores" no son funcionarios de mesa directiva, ni electores que deban votar en ella (algunos ni siquiera ciudadanos son, dadas las edades reportadas), ni representantes de partido, ni asistentes electorales, ni observadores. Tampoco son jueces, ministerios o notarios públicos, ni miembros de la fuerza pública que hubiesen sido llamados por quien tiene derecho para ello.

2. La ley prevé que puedan entrar a la casilla los funcionarios del IFE que "fueren llamados por el presidente de la mesa directiva" y los asistentes electorales, no habla de verificadores. Estos señores, pues, por más cartas de presentación, gafetes, viáticos y formatos que lleven no tienen derecho a entrar a la casilla, menos aún a solicitar a sus funcionarios que se identifiquen ante ellos y les muestren la documentación electoral.

3. La medida parte de la presunción de que todos los funcionarios de casilla, e inclusive los electores, son delincuentes electorales. Así algunos consejeros electorales no sólo desconfían de 98% de la estructura del IFE, ahora también desconfían de 100% de los ciudadanos insaculados que cumplen con su obligación constitucional y el 100% de los electores, proclives por naturaleza, según su ofensiva de apreciación, al fraude.

4. Los verificadores carecen de facultades legales para realizar su tarea. Caso paradójico y paradigmático de cuidadores de la ley que violan la ley al cuidarla.

5. Los verificadores violadores habrán de entorpecer el ya de por si complicado proceso de la votación y demás actividades a realizar en casilla.

6. Los verificadores son una figura creada en la clandestinidad por una Comisión del Consejo General, sin mandato expreso para ello. Es posible que el Consejo General se haya enterado de su existencia al igual que nosotros, el resto de los homínidos. ¡Certeza, objetividad y legalidad en la más pura de sus expresiones!

7. Al parecer la comisión en marras ha asumido como propia la independencia y autonomía del IFE. Cuando cada comisión, consejero y asesor termine por personalizar la autonomía electoral habremos, sin duda, arribado a la anarquía electoral.

8. El presidente es la máxima autoridad en la casilla. Este debe impedir el acceso a quien no tenga derecho para ello y expulsar a quien obstaculice los trabajos de la jornada electoral. Una cartita hija de pueril paranoia no otorga derechos a nadie. El presidente deberá hacerles abandonar la casilla, incluso con el uso de la fuerza pública.

9. Algunos consejeros electorales deberán decidirse por actuar como la autoridad electoral que son (o deben ser), en ejercicio de una función de Estado dentro de un Estado de derecho, o andar haciéndole al activista político, al observador electoral, al militante, a la sociedad civil o a la ONG.

10. Entiendo, aunque no justifico, que como táctica de lucha política algún partido ponga genéricamente en duda el proceso electoral, pero que la misma autoridad electoral que presume y vive de la muletilla de la ciudadanización, autoridad responsable del proceso, desconfía de la auténtica y única ciudadanización posible que es la que se da en la integración de las mesas directivas de casilla, donde los ciudadanos votan y unos de ellos reciben, cuentan y garantizan la autenticidad de los votos, no tiene explicación ni alcanza calificativo alguno.

11. Y… ante todo ello, ¿quién custodia a los —hoy ciudadanizados— custodios?

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