Transgénicos

¿Qué diablos es eso? Se preguntará usted y con toda razón. Yo mismo puse cara de ¡Whaaaattt! la primera vez que alguien inmisericorde y alevosamente me sorrajó tan despiadado terminajo en mi anonadada e indefensa faz. Más aún, ¿qué tiene que ver con un artículo político?

Empezaré por contestar la segunda pregunta: la indigencia y voracidad políticas de nuestros partidos terminaron por reducir lo político a la descalificación, el chantaje y el electorerismo. De ello ya hemos hablado, no me repetiré, pero existen infinidad de problemas que nos aquejan directa o indirectamente y que pueden o no modificar o perjudicar nuestra vida. Ergo, lo político tiene que ver con toda nuestra vida en sociedad y no sólo con las reyertas y encaprichamientos electoreros.

Ahora bien, y aquí empiezo a tratar de contestar la primera cuestión, el tema de los transgénicos puede o no afectarnos de diversas maneras. Las más obvias son las biológicas; las menos claras, y que son las que más explotadas son aquellas por las que se nos manipula cual muñecos de trapo (ergo consumidores) en guerras comerciales, y los transgénicos son un buen ejemplo de esta segunda hipótesis hoy y aquí en México.

Se llama transgénicos a los organismos (animales, vegetales, microorganismos) que por medio de ingeniería genética reciben genes de otra especie y son incorporados en su genoma, modificando así su ADN, de manera que puedan ser heredados a generaciones posteriores.

Pues bien, mundialmente existe una controversia acerca del consumo humano de alimentos derivados de la biotecnología, es decir genéticamente modificados. Por ejemplo, el frijol, el arroz, el maíz y la soya han sido genéticamente modificados a lo largo de miles de años para incrementar su tamaño o contenido nutricional, o resistir plagas o la simple vida en anaquel. La disputa se centra en que algunos, los organismos internacionales dedicados a evaluar estos cambios, sostienen que no existe evidencia científica para asegurar que representen un riesgo para el consumo humano. Para ello han desarrollado un concepto denominado "equivalencia sustancial" por la que se compara el nuevo alimento con el tradicional, en busca de las diferencias en los contenidos nutricionales y sustancias extrañas que puedan generar riesgo por consumo.

Otros, ONG de consumidores, generalmente financiadas por algún productor interesado, que sustentan que todos estos productos son perjudiciales y deben ser erradicados del mercado, y algunos más, también fuertemente pertrechados, que argumentan que con base en el derecho a la información todo alimento modificado debe señalarlo en su etiqueta para que el consumidor finalmente decida.

A primera vista es la tercer opción la que suena más razonable, más no siempre lo es. Se requeriría de la existencia de un consumidor educado, sabedor de lo que en cada caso la etiqueta quiere decir y reacio a la manipulación vía propaganda negativa o de pánico. Cuando se adentra uno en el problema encuentra que las dos primeras posturas se refieren a las características del producto y a mediciones científicamente comprobables de su nivel de riesgo. La tercera, sin embargo, sólo se refiere a su método de producción, sea o no su resultado riesgoso para la salud del consumidor.

A este último supuesto responden dos iniciativas que se encuentran hoy en el Congreso de la Unión. No se pretende pues investigar sobre la naturaleza del producto y sus posibles impactos en la salud del ingerente, sino sólo atiende a su método de producción.

Veamos un ejemplo con el maíz: en EU se cultivan cerca de 40 millones de hectáreas con varias especies de maíz transgénico aprobadas por autoridades internacionales para el consumo humano. Los canales de distribución (allá) no están preparados para segregar el maíz modificado del que no lo es (aquí menos). Imponer la obligación de segregarlo impactaría en los costos al precio del consumidor. Además, tanto en Estados Unidos como en Canadá no se obliga al productor a señalar en su etiquetado si el producto (natural maíz —o elaborado— otro con maíz en su composición) ha sido genéticamente modificado.

Ahora bien, de obligarse a este tipo de etiquetado en México, cualquier producto elaborado que tuviese un 0.0001% de maíz importado, ante la no segregación del producto transgénico del otro en su país de origen, llevaría una etiqueta de "genéticamente modificado", lo cual nadie entendería ni podría dimensionar, pero que generaría (con tantita ayuda interesada), no caras de "Whaatt", sino un pánico que terminaría, primero, por sacar a nuestros productos del mercado, y, segundo, quebrar nuestra ya maltrecha economía. Más aún si nuestros productos compiten en un mercado de libre comercio con otros que, aún siendo transgénicos y con materias primas del mismo origen, no están obligados al etiquetado que queremos imponer en México.

Las iniciativas pues deben ser estudiadas con cuidado, ya que atrás de su noble intención puede gravitar el interés de algún competidor internacional de productos mexicanos.

En otras palabras: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno (más aún cuando lo trazan nuestros "socios" comerciales) y la política es mucho más que el electorerismo ramplón que llena el buche a muchos apologistas del cambio virtual.

PS. Del Villar parece no entender que está al borde de enfrentar cargos por múltiples asuntos que bajo su cargo manoseo políticamente (Erikson, IBM, Stanley, más los que se acumulen).

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