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El verbo es

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Transporte en Nuevo León

No hace muchos años en Nuevo León, si a la CTM no le gustaba el vuelo de una mosca en el PRI, mandaba a sus huestes a reventar Consejos Políticos. Todavía vive un expresidente estatal moqueteado y arrastrado en plena sesión de Consejo.

Ésta no tan lejana realidad se suele olvidar. Tan cercano como en el 2015, el 92% del transporte urbano estaba bajo la egida de centrales obreras y el 8% restante en manos de Tierra y Libertad, o séase el Partido del Trabajo. El 65% del transporte se integraba por servicios de hombre camión, lo que dificultaba la uniformidad vehicular y operativa, y los estándares en el servicio. Las rutas eran conquistas sindicales en una guerra interminable de territorios.

Primero el PRI, luego el PAN y de nueva cuenta el PRI, doblaron las manos ante esa realidad; el calendario electoral mataba todo largo aliento.

¿Y las tarifas? Pues eran impuestas al más silvestre estilo CTM.

Súmese que hace 25 años la inversión pública era 65% en movilidad pública y 35% privada; y para el 2015 las suertes y números se habían invertido: 70% para movilidad privada (autos particulares) y solo 30% para pública.

Las condiciones de lograr acuerdos para ordenar el caos en rutas, disparidad de servicios y abatir ineficiencias eran imposibles en un “sistema” asistémico, sometido a particularismos y organizado para operar en el caos.

Si bien hoy, a diferencia del 2015, el transporte está en manos de 10 consorcios, siguen prevaleciendo los usos cetemistas: a todo problema se receta incrementos de tarifas dejando intocadas calidad y eficacia en el servicio. En el centro de Monterrey hay tramos en los que hasta 54 rutas se pelean el pasaje, mientras persisten extensas áreas donde ni por milagro guadalupano se aparece un camión.

El tema del transporte es muy denso y lo más fácil es manipularlo, a favor o en contra, con el “símbolo de las tarifas”. A cualquier planteamiento sistémico se contesta con “el tarifazo” que, cual concepto campana, sirve para todo roto y descocido, y tuvo el reordenamiento del transporte empantanado -y a la sociedad enardecida- durante ocho meses. Ocho largos meses perdidos en una lucha de vencidas. A fuerza de querer imponer unos un aumento en tarifas (los transportistas) y culpar de ello al gobierno (los transportistas, partidos y medios), el caos en movilidad y transporte persiste y las soluciones de fondo seguían postergadas.

Lo que hoy sucede en Nuevo León con el transporte es consecuencia de una historia de indolencia y connivencia. El crecimiento urbano y la política de vivienda jamás consideraron los factores movilidad y ambiental. Las rutas nunca obedecieron a una visión sistémica, sino a la rebatinga de pasajeros concentrada en el centro de Monterrey. Cualquier intento de ordenación fue supeditada a expectativas o chantajes electorales, cuando no a intereses particulares.

La Ecovía, por ejemplo, es una de esas herencias envenenadas que cuesta más enderezar que operar.

Del transporte urbano de pasajeros se desconoce el índice pasajero kilómetro, porque a los concesionarios no les conviene que se sepa su desempeño e ingresos, siempre reportados en rojo; se ignora el rendimiento económico de cada ruta, porque el cobro es en efectivo sin posibilidad de corroborar lo “declarado” por los prestadores del servicio; las compras de vehículos no están uniformadas ni se manejan economías de escala, de suerte de tener un parque vehicular variopinto, caro y disfuncional. Los transportistas han boicoteado la tarjeta de transporte porque implica conocer sus verdaderos ingresos y eficacia.

El gobierno, tras ocho largos meses de negociación y ante amagos a la usanza cetemista de los nuevos transportistas, decidió comprar todo el parque vehicular operable. ¿El objetivo? Recuperar el control del transporte y reordenarlo con estándares de eficiencia y eficacia en beneficio del pasajero.

Retomar en forma consolidada el transporte permitirá construir un verdadero sistema de movilidad y transporte, reordenar las rutas, regular el servicio cuya operación, por cierto, podría ser licitada a particulares; hacer eficiente la relación costo servicio y garantizar que el propietario del parque vehicular no lo pueda utilizar en indebidas presiones.

Se calcula -algo que está sujeto a verificar cuando finalmente se tenga acceso a la información de los ingresos reales del transporte-, que éstos pudieran andar alrededor de los 8 mil millones de pesos anuales, suficiente para pagar el pago de la compra de vehículos, apalancar la financiación de su renovación oportuna, con criterios de uniformidad, eficiencia en el servicio y mantenimiento, y con economías de escala en su compra. Incluso hasta financiar obras de infraestructura vial.

¿Cuál es el estado del arte en este asunto? Los medios impulsan una agenda política contra el gobierno, sin informar y menos analizar en sus méritos la propuesta; los diputados deshojan la margarita entre apoyar una decisión de fondo y valiente, o apostar al medro electorero. Los transportistas le han bajado dos rayitas a su rijosidad (no hay borracho que coma lumbre), el gobierno se sostiene en su acto de autoridad al tiempo que amplia los espacios para el acuerdo y la concordia. En esto, sostienen sus voceros, no hay lugar más que para el entendimiento y el gobierno, más que amurallarse para la batalla, refuerza los puentes de aveniencia para, por primera vez en la historia del Estado, ordenar el transporte público.

La sociedad está expectante, ve con buenos ojos que el gobierno quiera poner orden, pero le pesa la desconfianza.

Lograr una deliberación ponderada, informada y leal es el gran reto. La discusión debe ser sobre cómo reordenar mejor el transporte, sin caer en las tentaciones de maniqueísmos electoreros.

¿Es capaz el gobierno de instaurar un sistema de movilidad y transporte, acabar con el caos y el chantaje, y regular la prestación de un servicio de calidad? Creo que sí.

¿Es financieramente viable la propuesta? Sí, el Secretario de Finanzas lo acreditó ante diputados y medios, sin necesidad de aumentar tarifas o impuestos: el crédito cuya autorización se solicita al Congreso se pagará con las propias tarifas del transporte.

¿Vale la pena darle el beneficio de la duda a un gobierno estatal que muestra, raro en estos días, voluntad política, claridad de miras y compromiso social? Creo que sí.

Ojalá Nuevo León se dé la oportunidad.




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