El quicio y el juicio

Unos dicen que la llamada Ley Bonilla los saca de quicio y otros que ganarán el juicio.

Unos y otros argumentan a su favor y presumen su formación constitucionalista… y ética.

La verdad es que el asunto está claramente enredado como el queso de Oaxaca o el pelo negro de una haitiana tijuanense.

Lo primero que hay que destacar es que nuevamente los panistas están en el centro del debate. En el mejor lugar, a destiempo.

Como se sabe, Jaime Bonilla, expriista, jugó para gobernador de Baja California como candidato de Morena. Arrasó en las urnas.

Como la Constitución de BC fue modificada en 2014 para empatar las elecciones locales con las federales, se consideró en general que, sin duda, sin discusión, el candidato ganador gobernaría por sólo dos años, de 2019 a 2021.

Sin embargo, el ganador impugnó en dos ocasiones ante autoridades electorales locales y federales tal resolución, con la pretensión de gobernar casi los seis años como tradicionalmente ocurre en todos los estados de la federación.

Una vez que fueron negadas las impugnaciones por ambas autoridades electorales de referencia, por obvia inexistencia de litis, dado que aún no recibía el reconocido ganador de las elecciones la constancia de su nueva condición de gobernador electo, el asunto se empezó a enredar.

Nuevamente se puso en marcha la maquinaria política y de propaganda del Estado.

Por una parte, el panismo que después de gobernar ininterrumpidamente 30 años esta entidad fronteriza, con malos resultados comprobables, a la vista y con más pena que gloria, que ha generado una élite de consentidos y desde el poder, de acuerdo con su ideología y acción, fomentado la plegaria azul y blanco de su razón de ser: negocios privados con recursos públicos y "a gozar y a chupar que el mundo se va a acabar y si Diosito quiso que llegáramos a gobernar, es una traición no aprovechar tal ocasión". No aprovechar en su propio beneficio ha sido, entonces, un pecado mortal.

Por la otra parte, una clase política priista francamente en decadencia que aprovechó la inercia del famoso Peje para presentar candidatos remasterizados en Morena con aparente cercanía a los intereses de las clases más desprotegidas y marketing de sentimientos públicos ligados a las necesidades del pueblo y hacia el combate a los niveles intolerables de pobreza, violencia y abandono existentes y ya históricos en el Estado.

Recuérdense las condiciones económicas en los cinco municipios de Baja California, con crecientes carencias generalizadas frente a limitados recursos muchas veces destinados al moche y los negocios, que han sido notables, y que constituyen desde siempre la normalidad social.

En Tijuana, por ejemplo, el panista conocido como El Patas se presentó para la reelección a la presidencia municipal. Está catalogado como uno de los peores presidentes municipales del país y obtuvo una mínima votación a su favor. El despreció de los tijuanenses a su desgobierno y nepotismo es ya de chiste en tertulias y vox populi.

Pues bien, en una sesión nocturna, en sigilo y secreto, el Congreso del Estado constituido por 25 diputados; con mayoría panista, votó modificar la Constitución local actual y otorgar al gobernador electo en la conocida Ley Bonilla, tres años más de gobierno. Los operadores del cambio, con múltiples argumentos desde el repudio a la modificación de 2014 y su supuesta inconstitucionalidad hasta respuestas de negación a la acusación formal de que los actuales diputados votantes a favor de la iniciativa fueron maiceados hasta con un millón de dólares. Unos dicen que a cada uno, otros dicen que a los 21 que votaron por la afirmativa, otros afirman que es mentira.

Curiosamente los panistas votaron a favor, supuestamente en medio de una componenda para nombrar a un auditor a modo del gobernador panista actual y cubrirle el frente y la retaguardia en el análisis de ingresos y gastos de los últimos años. La cuenta pública pues.

En este enredo sobresale también el apoyo a la Ley Bonilla de la controversial Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena y que por cierto va ya de salida. De un importante subsecretario de gobernación explicando la legalidad del cambio, según su parecer, mientras que la secretaria encargada del despacho de Gobernación y exministra de la Corte declaró no estar de acuerdo. Como tampoco lo están en definitiva Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muchos Ledo y Tatiana Clouthier, entre otras voces influyentes para el movimiento de Morena.

Por su parte, un conocido expriista, convenientemente reconvertido al morenismo fast track, quien dicen será secretario de gobierno con Bonilla, declara que los del centro le dan pena, que no saben nada y que tampoco son buenos abogados para comprender la magnitud del cambio que además evitará gastos adicionales e innecesarios en Baja California siempre con limitados recursos y crecientes necesidades. Y además, avezado en polémicas, se refiere al comprobado hecho que desde la capital del país se quieren imponer criterios dominantes ajenos a la realidad local, como se interpreta la intervención del Congreso de la Unión y otras opiniones de académicos y especialistas; reporteros y medios tanto de la conocida falange antiPeje como de sus simpatizantes.

Mientras tanto, el presidente de la República se niega a opinar porque no quiere que todo mundo le eche la culpa de todo y es, desde luego, muy respetuoso de las decisiones de estados y municipios libres. El cambio de régimen le obliga a atajar las críticas de que lo de Baja California no es más que un ensayo para su probable reelección y firma ante notario público su compromiso de no hacerlo. El pueblo manda dice, aunque la Constitución diga que deberá gobernar por un sexenio.

Hay excesos, unos dicen que los votantes eligieron por dos años y otros que en realidad no se sabía el término en juego y que las boletas (como se acostumbra), no establecen el periodo en discusión.

Además, el gobernador actual, panista, que no se ha distinguido precisamente por su buen gobierno, sino por crecientes críticas diarias de desgobierno y despilfarros; baste recordar que recientemente regresó de un último tour europeo con pompa y circunstancia disque para generar negocios e invitar inversionistas que nadie conoce; pues el gobernador declaró que no publicará la Ley Bonilla, dejándola en el limbo.

Entonces, los diputados al Congreso de BC, los de la afirmativa menos el panista Osuna Millán que votó en contra, y algún otro ausente convencido o despistado, se volvieron a reunir en secreto en una sede alterna en Rosarito, fuera de Mexicali, la capital y en sesión vespertina, a puerta cerrada, continuaron con el procedimiento para legalizar el cambio de la Constitución, con o sin el gobernador y ampliar el término de gobierno de Bonilla de dos a cinco años.

Antes, los presidentes municipales priistas de Ensenada y Tecate, más la panista de Rosarito habían aprobado la enmienda constitucional para cumplir como mayoría los requisitos legales. Y los muy ‘ingenuos’ panistas presidentes municipales de Mexicali y Tijuana, para taparle el ojo al macho, presentaron sendas controversias que ipso facto fueron desechadas por carecer de sustento ante el proceso en trámite, para que no se diga, que conste, que ellos no trataron de enmendar entuertos y constituyeron la verdadera oposición.

Como se ve, todos han contribuido al enredo, de acuerdo a su propio beneficio.

En efecto, unos parecen estar perdiendo el quicio y los otros el juicio.

Tal vez la Suprema Corte de la Nación tendrá que intervenir y decidir la última palabra, pero con la fama bien ganada de retruécano que tiene, nada es seguro… se espera que todo será de acuerdo con la Ley… y su interpretación.


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