El lobo como nana de caperucita

Todo ser vivo tiene a su alcance instrumentos de defensa, algunos, además, requieren ser defendidos durante su desarrollo, como los cachorros, lo mismo pasa con los humanos, de pequeños requieren el cuidado y la defensa de los padres o mayores, y de adultos, en algunos asuntos, de profesionales: el mejor médico requiere ser curado de alguna enfermedad ajena a su especialidad, el mejor abogado sabe que su parcialidad es su peor enemigo en caso de tener que defenderse en alguna causa legal. Así la defensa puede ser propia o intermediada: defenderse o ser defendido.

Hoy se habla mucho de la defensa de las audiencias y sobran ejemplos publicitarios que generan necesidades inexistentes que acreditan de sobra la necesaria salvaguarda del receptor, de igual forma existen experiencias lamentables de propaganda política que, estoy cierto, habrán de terminar por proscribirla por el grave daño y deformaciones que suscita.

Hoy el gobierno impulsa unos lineamientos en defensa de las audiencias que, si bien podrán ser necesarios, no resuelven el problema de fondo de cómo enderezar correctamente dicha tutela. Menester es señalar que el gobierno no es una parte ajena, desinteresada e imparcial con relación a la comunicación en disputa: por un lado, es el mayor generador de noticias y quien más capacidades de poder e influencia tiene para administrarlas y utilizarlas a su favor o en contra de sus adversarios, y, por otro, es objeto de permanente cobertura informática, análisis, comentarios y críticas. Por supuesto que todos ellos pueden ser bien intencionado o no, pero es imposible negar que el Estado tiene un interés directo en evitar todo aquello que le pueda perjudicar, más aún cuando bajo su perspectiva de guerra política todo lo que no le beneficie es necesariamente un ataque interesado por sobre cualquiera otra consideración de naturaleza comunicacional y de libertades.

Así como las audiencias tiene derecho a ser defendidas, al gobierno también le corresponde el derecho a la información veraz y sin sesgos. El problema sigue siendo el mismo, cómo y por quién, y ¿por qué tendría que ser éste el indicado para determinarlo cuando todo lo sujeta a su visión electorera y partidista?

¿Puede el gobierno, como parte presuntamente ofendida, juzgar con imparcialidad una información que le es negativa; es capaz de respetar la libertad de pensamiento y expresión del comentarista que expresa una opinión que le es adversa; en quién estaría pensando al resolver, en las audiencias o en su suerte en las próximas elecciones?

Un gobierno que vive de y para el control absoluto de la comunicación, ¿cómo puede aseverar que por sobre ello pondría los derechos de las audiencias? ¿No es poner al lobo de nana de caperucita?

El conflicto no debiera presentar complejidad cuando la litis verse sobre hechos históricos comprobados y comprobables como el descarrilamiento de un tren, pero cuando ni el vocablo se acepta y hablan de un deslizamiento sobre las vías y toda la información relativa es reservada por cuestiones de “seguridad nacional”, es difícil pensar que el gobierno pueda ser la persona más indicada para “defender” a las audiencias cuando de por medio está su propia e interesada versión, interés y supervivencia.

Un ejemplo, Juan es acusado del asesinato del padre de Ricardo y el Estado nombra es este último como el defensor de oficio de Juan; imposible que Ricardo, por más recto que pueda ser, no se vea inmerso en un conflicto de intereses para cumplir su encomienda, lo mismo pasa con el Estado como defensor final e inapelable de las audiencias donde lo audicionado en la mayoría de los casos es relativo a su haber, hacer y futuro.

Si es Estado mexicano hoy es incapaz de llamar pan al pan y al vino vino, ¿cómo podría distinguir las libertades de pensamiento, expresión y participación política de traición a la patria?

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