El lobo como nana de caperucita

Todo ser vivo tiene a su alcance instrumentos de defensa, algunos, además, requieren ser defendidos durante su desarrollo, como los cachorros, lo mismo pasa con los humanos, de pequeños requieren el cuidado y la defensa de los padres o mayores, y de adultos, en algunos asuntos, de profesionales: el mejor médico requiere ser curado de alguna enfermedad ajena a su especialidad, el mejor abogado sabe que su parcialidad es su peor enemigo en caso de tener que defenderse en alguna causa legal. Así la defensa puede ser propia o intermediada: defenderse o ser defendido.

Hoy se habla mucho de la defensa de las audiencias y sobran ejemplos publicitarios que generan necesidades inexistentes que acreditan de sobra la necesaria salvaguarda del receptor, de igual forma existen experiencias lamentables de propaganda política que, estoy cierto, habrán de terminar por proscribirla por el grave daño y deformaciones que suscita.

Hoy el gobierno impulsa unos lineamientos en defensa de las audiencias que, si bien podrán ser necesarios, no resuelven el problema de fondo de cómo enderezar correctamente dicha tutela. Menester es señalar que el gobierno no es una parte ajena, desinteresada e imparcial con relación a la comunicación en disputa: por un lado es el mayor generador y transmisor de información, por sí mismo a través de un gran aparato de Estado e indirectamente por medio de canales y frecuencias privados bajo concesión o permiso gubernamental, información que puede ser favorable y relativa a sí y a sus aliados y simpatizantes, o negativa en contra de quienes en ejercicio de sus libertades piensan de manera diversa. Pero también es el principal y permanente objeto de cobertura informática, análisis, comentarios y críticas a través de medios tradicionales y no tradicionales en el marco de libertades que aún hoy prevalece en México. Por supuesto que todos estos pueden ser bien intencionado o no, pero es imposible negar que el Estado tiene un interés directo por evitar todo aquello que le pueda perjudicar o crea que le perjudique, más aún cuando bajo su perspectiva de polarización política todo lo que no le beneficie es necesariamente un ataque electorero y todo aquel que piense diferente un enemigo a México y traidor a la patria. Por sobre estas estructuras de entendimiento de la realidad los derechos de las audiencias jamás podrán prevalecer.

Así como las audiencias tiene derecho a ser defendidas, al gobierno también le corresponde el derecho a la información veraz y sin sesgos sobre él, pero por igual la obligación de informar veraz, correcta y suficientemente. El problema sigue siendo el mismo, cómo lograrlo y por quién garantizarlo, y ¿por qué tendría que ser el gobierno el indicado cuando todo lo encarcela a su visión electorera y partidista, y a su cálculo político?

¿Puede el gobierno, como parte presuntamente ofendida, juzgar con imparcialidad una información que le es negativa; es capaz de respetar la libertad de pensamiento y expresión del comentarista que expresa una opinión que le es adversa, de reconocer las libertades del análisis u opinión contrarios? ¿En quién estaría pensando al resolver, en las audiencias o en las próximas elecciones? ¿En su tara partidista electorera qué prevalecerá, la libertad del elector y derecho de las audiencias o su sobrevivencia política?¿Hay en su conducta conocida un sesgo elemental de trato veraz, igualitario y justo para con todos los medios y sus personajes?

Un gobierno que vive de y para el control absoluto de la comunicación, ¿cómo puede aseverar que por sobre ello pondría los derechos de las audiencias? ¿No es poner al lobo de la nana de caperucita?

El conflicto no debiera presentar complejidad cuando la litis verse sobre hechos históricos comprobados y comprobables como por ejemplo el descarrilamiento de un tren, pero cuando ni el vocablo se acepta y se habla de un deslizamiento sobre las vías y toda la información relativa es reservada por cuestiones de “seguridad nacional”, es difícil pensar que el gobierno pueda ser el ente más indicada para “defender” a las audiencias cuando de por medio está su propia e interesada versión y supervivencia.

Un ejemplo, Juan es acusado del asesinato del padre de Ricardo y el Estado nombra a este último como el defensor de oficio de Juan; imposible que Ricardo, por más recto que pueda ser, no se vea inmerso en un conflicto de intereses para cumplir correcta y debidamente su encomienda, lo mismo pasa con el Estado como defensor final e inapelable de las audiencias donde lo audicionado en la mayoría de los casos es relativo a su haber, hacer y futuro.

Si es Estado mexicano hoy es incapaz de llamar pan al pan y al vino vino, ¿cómo podría distinguir las libertades de pensamiento, expresión y participación política de la traición a la patria?

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