PROHIBIDO PROHIBIR

La Fiscalía

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Impunidad.

Abrumadas por el descrédito generalizado, las procuradurías, federal y estatales, en México, se reconfiguraron en un cambio autonómico. Se consideró en un principio que más allá de lo cosmético, el nuevo esquema de organización libérrimo generaría mejores resultados en las investigaciones, en el sistema integrado contra la delincuencia, el auxilio en la aplicación de la Ley y en el alcance de la justicia social, al no dependerse, en teoría, directamente de las decisiones e intereses de los responsables del poder Ejecutivo, históricamente el más influyente en la realidad del país. El mandón de los poderes.

Bien se sabe, ‘Dura Lex sed Lex‘. Para ricos y pobres debiera de aplicarse sin distinción en la verdad del hecho y consecuentemente alcanzarse la anhelada justicia.

Los expertos insisten, cúmplase ante todo primero con la Ley. Subrayan con acierto que, si acaso la Ley es mala, cámbiese. Modifíquese o deróguese. Para ello están, en primera instancia, o debieran de estar, los legisladores, que oyendo las recomendaciones civiles y de los otros dos poderes, debieran de demostrar su compromiso para modernizar y actualizar la legislación hacia el logro del bienestar social.

Lo que no se vale es que cada autoridad interprete la Ley a su entender y conveniencia y en lugar de tener un Estado de Derecho se vuelva común lo chueco, como popularmente sabemos que ha ocurrido en multitud de casos.

El descrédito de jueces, ministerios públicos y del poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas excepciones, también abona a identificar a las fiscalías como ligadas a intereses de grupo o crematísticos y aún como parte de la delincuencia institucional.

Casos patológicos ejemplares abundan: el misterio de la muerte de la niña Paulette en el Estado de México; el caso del encarcelando por secuestrador con base en los dichos de una señora influyente; el famoso caso de ABC de niños sonorenses quemados y muertos en una guardería concesionada directamente a una prima de la señora Margarita, sin seguridad suficiente. El caso de Mario Marín y Kamal Nacif en Puebla y el abuso a Lidia Cacho; el Niño Verde y la europea que cayó desde un penthouse en Cancún; Anaya y las naves industriales de Querétaro; la "Maistra" que ayudó a Calderón y ya tiene nuevo partido y millones de pesos recuperados sin necesidad de comprobar su origen.

Histórico es el misterioso magnicidio de Colosio y de los cardenales y demás acusados de violaciones y pedofilia, donde nadie sabe nada a ciencia cierta pero hay una docena de hipótesis en cada caso.

Entre lo sobresaliente, desde luego está Lozoya, que se la pasa campechanamente, entre firma y firma, mientras la Fiscalía dice que investiga, Videgaray (acusado hasta de traición a la Patria y luego aparentemente exonerado por la misma autoridad), Zerón feliz feliz en Israel donde ya seguramente lo vacunaron, César Duarte, Karime Macías, el General o Padrino y el expediente tachado, que independientemente de su inocencia auxiliada por los dichos de la DEA, pudiera tener responsabilidad en otros casos como en Ayotzinapa, Tlatlaya o en la muerte de los estudiantes del Tec de Monterrey confundidos con narcos, por ejemplo. Asimismo los lamentables casos de feminicidios como el de Aidé Mendoza, Mariana Sánchez y las agresiones con ácido a María Elena Ríos, entre otros muchos casos no resueltos.

Si algún observador de algún país extranjero, incluso desde Andorra, evaluara imparcialmente los resultados de nuestras exprocuradurías y actuales fiscalías, seguramente afirmarían: “que folklóricos, que obtusos los mexicanos …se esmeran en no dar una.”

De la misma manera habrá que considerar cómo hemos expresado fuerte y claro: ‘fuera, no sirven’. Por ejemplo, al finalizar las administraciones de Zedillo, Calderón y Peña.

Recién el actual Fiscal Federal Autónomo, Alejandro Gertz Manero, apareció. Salió de su discreto enclaustramiento y a Carmen Aristegui dijo que “le querían dar en la madre” (sic). Es además público su pleito o distanciamiento con el encargado de la UIF, Santiago Nieto, que a mi parecer ha realizando una labor sobresaliente.

En realidad, esta nueva Fiscalía Federal, como antes las procuradurías ha dejado mucho que desear, por sus magros resultados. Sólo les apuró el caso del general o Padrino y su exoneración.

¿Algún día serán públicas, sabremos de las investigaciones contra Calderón y contra Peña; contra Romero Dechamps y el exjefe Diego? ¿O será puro atole con el dedo aún en la mentada transparencia de la 4T, o en el INAI, que tanto defienden los opositores al régimen?

Nada nos debiera de sorprender, expertos investigadores calculan que la cifra negra en México, es decir, los crímenes que no se denuncian ante la autoridad es de alrededor del 94 % del total y de ellos cerca del 96% no se resuelven, siguiendo nuestra arraigada filosofía kafkiana, debido en gran parte a la extrema desconfianza ciudadana y a la ineficacia de las instituciones encargadas de perseguir y castigar los delitos.

Lo anterior se refleja desde luego, en nuestra deshonrosa ubicación entre los países más violentos del mundo. Las escenas son de horror como los carbonizados en Jalisco y Tamaulipas; y las fosas clandestinas donde se amontonan cadáveres de hombres, mujeres y jóvenes.

¿Quiénes son los responsables de los asesinatos de periodistas? Y en consecuencia, del hecho de que México sea uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer esa profesión.

Según la UNESCO de 2010 a 2019 se asesinaron 93 periodistas en México y alrededor del 85% de los casos siguen a la fecha impunes. La misma ONU abrió al público un portal específico para informar sobre desapariciones y homicidios de periodistas.

Diversos académicos y estudiosos han señalado lo obvio, que tanto en México como en Centroamérica “persiste la colusión entre políticos y empresarios corruptos y autoridades con el crimen organizado”. Además, hay una correlación hacia la violencia en contra de periodistas independientes que abordan temas delicados o controversiales, que son quienes reciben más presiones e intimidaciones.

En Baja California, el semanario Zeta es en cuerpo y alma una muestra de ello, ya que ha sufrido una multitud de ataques y agresiones desde el gobierno y paradójicamente, del mismo crimen organizado por su invariable denuncia pública y combate a la intolerancia.

Siendo el nuestro un país de magia, con extraordinarias playas, pueblos y ciudades, con historia, arte y cultura ancestrales; con tacos al pastor y pozole, chiles en nogada y cochinita pibil, con pescado a la talla y con buen vino en Valle de Guadalupe, tequila y mezcal, es lamentable que gobiernos extranjeros emitan alertas para recomendar no viajar a México por los altos índices de criminalidad existentes.

Como escribí, no hay suficientes denuncias ciudadanas y todo se olvida en esa área negra de negación apocalíptica: vamos bien… mientras cada quien jala por su lado.

Hemos sido testigos de que la pandemia contagia y mata; mientras tanto, siguen las fiestas clandestinas, los mercados repletos, en espera de que la Virgencita de Guadalupe con su manto proteja.

En este ambiente, todo lo malo, repiten los opositores, es culpa de los López.

En tanto, muchas de las fiscalías autónomas dormitan o duermen profundamente, adelantándose al sueño eterno.

Igualmente adormecidos, millones de ciudadanos esperan las vacunas como cura milagrosa, como la última instancia de sobrevivencia, antes que la economía los obligue a malbaratar sus pertenencias o a emigrar. En 2020, la caída del PIB fue de 8.5%, la mayor desde la Gran Depresión.

¿Acaso la Fiscalía espera el momento adecuado, cerca de las elecciones en junio próximo, para dar información de tal envergadura que cuando menos justifique el presupuesto ya gastado en las investigaciones y tenga impacto en la decisión de los votantes?

No cabe duda, todo está fríamente calculado, aunque sea difícil creerlo.


PS: Deseo al Presidente de la República pronta recuperación y bienestar.




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Arturo Martinez Caceres

Arturo Martinez Caceres

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