Cantú strikes again

Ni siquiera el Mochaorejas fue objeto de una campaña de repudio como lo fue el PRI cuando, primero, osó denunciar la virtud encarnada en ciudadanización y ésta en Jesús Cantú por faltas administrativas y, segundo, éste fue hallado responsable y sancionado con destitución y multa.

La historia usted la conoce y alínea con los horrores de la justicia selectiva que hemos visto en los últimos años: el contralor del IFE fue destituido con violación de sus garantías de audiencia y debido proceso de ley; los consejeros electorales se asumieron como supremo poder y desconocieron el procedimiento administrativo y la resolución correspondiente, luego nombraron a un contralor a modo y, reconociendo lo que originalmente desconocieron, lo hicieron revocar la destitución de Cantú. En un dejo de dignidad el nuevo contralor ratificó la multa.

A lo largo de todo este desfiguro, sostuvimos que si el señor Cantú y sus compañeros estaban en contra de lo resuelto, el primero tenía la vía abierta para combatirlo ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Cantú, montado en la soberbia autonomista, optó por el amparo alegando que el Tribunal no era competencia, toda vez que depende del Ejecutivo y él es miembro de un órgano autónomo.

¿Qué fue lo que resolvió la justicia federal? Lo que desde un principio sostuvimos: 1. Los consejeros electorales son servidores públicos, 2. Sujetos a la ley de responsabilidades, ergo, a sus procedimientos administrativos; 3. Si Cantú y sus compañeros no estaban de acuerdo con la resolución del contralor debieron acudir al Tribunal Fiscal de la Federación.

Hoy no queda duda: Cantú es un servidor público, la ley de responsabilidades le es aplicable, el contralor era competente y su resolución debió ser combatida por las vías legales. Cantú, por lo pronto, tendrá que pagar la multa y, si así lo desea, impugnarla ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

La resolución de la juez implica que el contralor actuó conforme a derecho y su resolución era válida hasta que por las vías legales fuese revocado o modificado. De aquí se derivan responsabilidades éticas y jurídicas, al menos el IFE le debe una disculpa pública al contralor inconstitucionalmente defenestrado y mediáticamente sentenciado.

Sin embargo, éste ya no es el principal problema de Jesús Cantú. El 3 de abril José Woldenberg recibió en sus oficinas un comunicado de una ex empleada del IFE por el que denuncia un hostigamiento sexual, ¡otra vez! Y "una lista secreta de consejeros locales a los que con cierta regularidad la oficina del consejero (Cantú) manda información de todo tipo, vía correo electrónico". Respecto de la lista, dice la hostigada funcionaria, cabe señalar varias cosas: a) no incluye a todos los consejeros locales, si no sólo a anti priístas o compas (…); b) la existencia de esta lista, según tengo entendido, no es conocida ni por usted ni por el resto de los consejeros electorales (seguramente sí lo es por algún o algunos partidos políticos, cosas de la imparcialidad ciudadanizada); c) dada su naturaleza, la lista se maneja externa y secretamente a través de un servidor de la facultad de Bioquímica de la UNAM, ya que el responsable de este servidor trabaja también como asesor del consejero Cantú, y d) esta lista se deriva de una lista oficial, aprobada en la Comisión de Organización y que tendría como fin establecer canales de comunicación expeditos. No obstante lo anterior, el consejero Cantú decidió unilateralmente que, en lo que a información respecta, existen consejeros locales de primera y de segunda categoría.

"La responsabilidad que se me encomendó, continúa el texto en cita, fue depurar la lista oficial eliminando de ella a todos los priístas para configurar una lista a través de la cual se enviaría información que no debía conocerse por todos los consejeros locales. Mi error, en este trabajo, fue no terminar la depuración antes que (el hostigador) enviara un correo electrónico que llegó a seis destinatarios no deseables. La preocupación de que este mensaje llegara a gente cercana al régimen fue tal que desde ese momento se iniciaron los planes para cambiar la dirección y hacer toda clase de trucos para que no pudiera ser rastreada (anteriormente, no sé si aún sea el caso, la lista utilizaba dos direcciones: q@bq.unam.mx y g@laguna.fmedic.unam.mx".

El documento continúa describiendo el hostigamiento sexual de que fue objeto la funcionaria y consigna copias para todos y cada uno de los consejeros. Y sabe usted que han hecho al respecto. Nada. ¡Bueno!, casi nada, porque al presunto hostigador sexual lo liquidaron generosamente, en tanto que a la hostigada le ofrecieron una liquidación por medio del hostigador quien, por supuesto, condicionó su entrega al obsequio de los favores sexuales denegados.

¿Qué harán ante esta nueva denuncia los compañeros de viaje de Cantú?

P.S. Por cierto, el nuevo contralor, por mandato de un juez federal, debió desde hace varios meses reponer el procedimiento administrativo contra Ulpiano Jaime Cárdenas. Seguimos esperando.

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