El quinto voto

Muchas cosas se habrán de escribir de la última sesión del Consejo General del IFE. La fama y lustre del otrora paradigmático organismo se cuartea y por sus fisuras se alcanzan a observar sus contradicciones internas, las ambiciones de poder que lo entrecruzan y hieren, y la ausencia de equilibrios que le permitan un desempeño profesional y eficiente.

Por ejemplo, en el IFE se ha reencarnado Justiniano, y por boca del consejero Cárdenas modifica toda la concepción del derecho público, reclamando para la discrecionalidad de los consejeros, la determinación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, y la decisión de su aplicabilidad o inaplicabilidad. La seguridad y la certeza jurídica caen por tierra ante la posibilidad que todo funcionario público se convierta en un tribunal de constitucionalidad.

Sin embargo, hay un tema que se trató en el Consejo General a solicitud del PRI, que no ha sido debidamente sopesado por los partidos y la opinión pública. El PRI propuso que las Comisiones del Consejo General, que ya son más que ciudadanos inscritos en el padrón, no puedan integrarse con más de cuatro consejeros. ¿Qué anima a esta solicitud? La necesidad de reintroducir en la institución equilibrios internos.

Me explico: la original figura de consejero magistrado cumplía dos propósitos en el diseño institucional; por un lado, garantiza con expertos en derecho (a diferencia del consejero Cárdenas) el principio de legalidad, sacando a la autoridad electoral del círculo perverso de la discrecionalidad (misma que ahora pretende reintroducir, por supuestos controles difusos de la Constitución, el consejero Cárdenas); y por otro, contar con una figura cuya presencia equilibrara los votos entre partidos y gobierno, de manera de evitar una mayoría mecánica. Este diseño se perdió, no es el caso ni la oportunidad relatar cómo, pero sí acentuar que el IFE es un órgano sin equilibrios internos, ni en su Consejo, ni en el resto de su estructura, de la que se han apoderado inmisericordemente los consejeros a través de las Comisiones.

Huelga señalar que para ellos, los consejeros, la Junta General Ejecutiva, no es una autoridad con atribuciones y competencias de ley, sino una instancia incómoda que atenta contra su poder omnímodo que los directores ejecutivos no pueden dirigir ni ejecutar nada sin la venia de los consejeros, quienes los consideran simple asistentes; que toda la estructura profesional no es digna de confianza; que a través de las Comisiones no existe ni una sola decisión que no sea tomada por los consejeros; que la ley debe interpretarse flexiblemente cuando se trata de los consejeros y restrictivamente cuando se refiere al resto de la humanidad; que la ley no los obliga y, antes bien, ellos son quienes deben de validar la ley y determinar si se aplica o no se aplica.

Si no hay nada que no pase por el circuito de las Comisiones, y todo lo que conoce el Consejo es vía Comisiones, y en éstas sólo tienen voto los consejeros electorales, es necesario introducir un mecanismo que impida que las comisiones terminen por imponerse por sobre el Consejo. Si en el Consejo sólo hay nueve votos, uno del consejero presidente y ocho de los consejeros electorales, cualquier Comisión que se integre con más de cuatro consejeros tienen predeterminada un mayoría mecánica de votos, que anula la función deliberativa del Consejo General y revive los tiempos de las mayorías mecánicas en los órganos electorales.

La única forma de controlar el poder, es que el poder se controle a sí mismo a través de controles y equilibrios, que en el IFE se ha perdido en su totalidad. Pretender que en el máximo órgano de dirección se garantice que no haya un sólo asunto que tenga predeterminada la mayoría de votos, debe de ser un propósito de todos los ciudadanos y partidos políticos que apuesten a una autoridad electoral imparcial y legitimada.

En el IFE se ha venido dando a los ojos de todo el mundo una lucha encarnizada por el poder; solamente no la ha visto quien no la quiera ver, y hoy que el PRI propone un mecanismo de seguridad institucional, los consejeros se reúsan a obsequiarlo.

Ahora la opinión pública podrá desentrañar el por qué de la defensa impúdica que enarbolaron a favor del señor Cantú sus compañeros consejeros. Nunca estuvo en juego ni la dignidad ni la viabilidad de la institución, sino la mayoría mecánica de cinco votos en el Consejo General. Cantú es el quinto voto, un voto que no podían perder los consejeros electorales que suelen votar en bloque.

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