Justicia

A la justicia se le presenta siempre con los ojos vendados. La razón no es menor ni estética: el juzgador debe decidir ajeno a toda pasión y parcialidad; debe ver hechos y derechos, no caras, bolsillos, influencias, partidos, gremios, géneros, etnias, credos o simpatías.

Para el juez existen partes en conflicto y sólo a ellas, y con relación a aquel, debe juzgar, sin atender a posición social, económica o política; a belleza o fealdad a poder o debilidad, a simpatía o fobia; a presión o impotencia, afín o contrario.

Quizás la mayor virtud de la Ley sea su generalidad, por la que se obliga a todos por igual, incluso al mismo que la dicta. Ante la Ley todos somos iguales, nadie debe estar por arriba o al margen de la misma.

Pero cuando la justicia se quita la venda de los ojos deja de actuar con justicia e intervienen en sus juicios simpatías y antipatías, pasiones e intereses. La Ley deja de ser de aplicación general y opera privativamente, en un sentido para unos, en otro para otros; deja, por tanto, de imperar y en su lugar prevalecen privilegios, famas, dineros, poderes, dogmas, ruidos, presiones, manipulaciones. La justicia fenece en provecho del más fuerte, del más escandaloso, del más hábil.

Cuando el sherrif de la película del viejo oeste es anulado, comprado o acribillado por los bandoleros cómplices, el rico del pueblo, el predicador o el pistolero a sueldo, quien pierde no es el sheriff, sino el derecho y el pueblo que sufre su ausencia. Y en la vida real nunca se presenta el salvador hollywoodense, los muertos, el dolor, la desolación los pone siempre el pueblo, pregúntese si no a Chiapas.

Es obvio que el Estado de derecho, en tanto organización política, está en crisis pero de allí a que el derecho como instrumento civilizado y civilizatorio haya dejado de ser válido media un universo de diferencia. El derecho, me decía una vez López Portillo, o es derecho o no es derecho. En él no caben las medias tintas. Cuando el derecho se empieza a aplicar con consideraciones gremiales o políticas deja de ser derecho. En el corto plazo es probable que se logren desactivar movilizaciones y presiones, en el largo plazo se asegura el rompimiento del orden jurídico y de la organización social, sólo se desbroza el camino al caos.

¿Qué diferencia puede existir, sana, desapasionada y objetivamente entre un funcionario, pongamos, hipotéticamente, de la administración de Espinosa Villarreal, a quien se le descubren 60 viajes (sí, 60, más de una vez por semana) a Monterrey para ver a su familia con cargo al erario público y un consejero electoral que, comprobada y documentadamente, hace lo mismo? ¿Se pueden acaso admitir los destemplados argumentos de un origen ciudadanizado (que ya nadie cree), o es posible sostener con el más mínimo pudor aquellos que abogan por mantener al órgano autónomo (autónomo de quién, pregunto) abstraído de cualquier señalamiento? ¿No acaso quienes así lo hacen están negando el reclamo social contra la impunidad, o es que se trata de cambiar la impunidad de un signo por la de otro?

¿Cuándo un consejero electoral viaja a España dos veces en un mes con cargo al presupuesto federal, uno de ellos con su familia, sin que exista, además, razón institucional para ello, debe el analista político hacerse de la vista gorda por tratarse del IFE y de un transitólogo (what ever that means)?

Haciendo abstracción de historias y caras, ¿es posible aceptar que haya dos medidas; una para juzgar a la gran mayoría de los funcionarios públicos y otra para aquellos "designados" por los partidos? ¿Es que acaso el hecho de pertenecer al "nuevo IFE" inocula de conductas antijurídicas a sus miembros, o es posible -así sea hipotéticamente- que puedan en un momento de debilidad o arrebato traicionar su naturaleza providencial?

Que me perdonen los demócratas epónimos, los ciudadanizados irredentos y los apartidistas partidizados, pero la ley no puede, y menos debe, diferenciar entre las faltas cometidas por un funcionario de su predilección y otro de su antipatía. No puede ser que uno sea el cristal tras el que miran y sopesan las críticas a funcionarios emanados del PRI, para las que sólo tienen el aplauso acrítico y la abyección ramplona, y otro por el que observan y dogmatizan las que se enderezan contra sus militantes, orgánicos o inorgánicos, de línea o autónomos, contra las que sólo esgrime la sobada teoría del complot. Ruégoles ¡señores de horca y cuchillo! al menos, nos concedan el beneficio de la duda y analicen en sus méritos los argumentos que en boca de todos señalan los excesos y contradicciones de nuestra autoridad electoral federal; que a nadie conviene, y con ello coincido con ustedes, un órgano electoral cuestionado, pero el hecho de que existan cuestionamientos no debe adjudicarse solamente y quienes los enderezan, sino, y principalmente, a quienes con sus hechos los provocan y otorgan contenido.

En el mismo tenor debemos manifestarnos en relación con el encarcelamiento de los maestros que asaltaron el Senado de la República. Nadie les regatea, y menos persigue, su papel de mentores, ni su derecho de asociación, manifestación y petición. Nadie puede conculcarles su derecho a luchar por su organización y logros sindicales. Pero ustedes, como cualquier otro individuo ante la ley, deben responder por la vía legal a las imputaciones que por presuntos lícitos se les acusa. Si ustedes, maestros de México, con su conducta, lo que hacen es enseñar a nuestros hijos a sustraerse del imperio de la ley, flaco favor le hacen a su vocación y a la nación que tanto necesita de ejemplos de legalidad en estas horas aciagas.

Su deber es someterse a la ley y con ella defender y probar lo que a sus intereses convenga. Lo que no es posible es esgrimir contra la ley un estatus gremial y a través de ello pretender sustraerse de su imperio, subvirtiendo el orden legal que permite la convivencia pacífica de los mexicanos y que garantiza, entre otras cosas, el ejercicio de sus derechos gremiales.

Sócrates dio a la humanidad la más grande lección del sometimiento a la ley. Cuando sus discípulos le propusieron huir en lugar de tomar la cicuta optó por lo segundo aduciendo que huir lo pondría en contra con los principios profesados toda la vida, en su caso, dijo, era "preferible sufrir la injusticia, que cometerla".

Maestros de México, en sus manos está la oportunidad de dar a México la lección de la que está ávido, la de la legalidad.

Ojalá y su vocación pueda más que su pasión, que su bondad sea mayor que la mezquindad, que la ley impere sobre la gremialidad, que el interés supremo del derecho prevalezca sobre los derechos parciales.

Podrán, sí, con presiones políticas rasgar el velo que cubre los ojos a la justicia y obligarla a juzgar en consideración de su fuerza (o chantajes); más de hacerlo, no será rajado solo el velo de sus ojos, habrán también violado, en la acepción sexual del término, su imperio e integridad. Triste y ominosa lección, pero aún más atormentado y siniestro el futuro de la sociedad que la recibe.




Aclaración de Víctor Avilés a columna de Luis Farías Mackey

Sr. Director:

En relación con la columna del periodista Luis Farías Mackey, publicada en la página 10 de la edición del día 14 de enero del diario a su digno cargo, me permito comentarle que ningún consejero electoral del IFE ha viajado a España dos veces en un mes con cargo al presupuesto de la institución, y mucho menos con su familia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El coordinador de Comunicación Social del IFE

Víctor Avilés.

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