¡Salve oh camada democratizadora!

Si alguna vez se hace una reimpresión del título "La Universidad y la Tolerancia" (UNAM 1996), sería conveniente adicionarle un ensayo sobre la versión de intolerancia de reciente creación y origen mexicano: la de camada. Por ella, todo aquél que no llegue con el que la profesa al ejercicio de una función electoral es sujeto de condena. La intolerancia de camada parte del axioma de que la democratización del país se inicia con el "nuevo IFE", parido a finales de octubre de 1996, y se sostiene en la soberbia de algunos consejeros electorales que se llevan entre las patas, inclusive, a uno de sus pares, el consejero Juan Molinar que bajo esa lógica pertenece a la cría de Arturo Núñez, con quien trabajó en el "viejo oficialismo" de 1994.

Por este esquema los funcionarios electorales son calificados, cual cosecha de vinos, según su año de ingreso. Conocimientos, aptitudes, actitudes, acciones y evaluaciones carecen de valor y razón. La idoneidad, rectitud y legitimación de su ser -que no de su desempeño, que para el efecto ya no cuenta- radica en su ficha de ingreso. "Dime cuándo ingresaste y te diré quién eres, cómo eres y la intencionalidad oculta de tu conducta".

Expresión epónima de la intolerancia de camada son los argumentos que se publican bajo el título "Los operadores del proceso" (La Jornada 20/05/97), donde se dan a conocer algunos datos curriculares de cinco de los 2,336 funcionarios que integran el Servicio Profesional Electoral. Y sobre esos datos -aislados, diminutos e insubstanciales- se monta un escándalo mayúsculo para desacreditar a toda una institución. Ninguno de los elementos aportados muestra otra cosa que no sea el ejercicio pasado de derechos civiles, laborales y políticos de esos cinco sujetos, aunque de ello se quieren inferir dolosamente conductas ilícitas y parciales que lo menos que requieren son pruebas, no "prejuicios propios o ajenos, (o) preferencias subjetivas".

Ahora bien, si el pasado de estos cinco funcionarios no constituye ningún ilícito ni puede ser en sano juicio argumento contra su desempeño, el hecho de utilizar la información confidencial contenida en sus expedientes laborales con fines diversos a los que están afectos, sí representa una grave falta. Los servidores del Instituto Federal Electoral por mandato constitucional están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. El Cofipe obliga a los consejeros electorales a desempeñarse con probidad y a no utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que disponen en razón de su cargo, y menos a divulgarla sin autorización del Consejo General. Obvia señalar que esta disposición ha sido violada.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala como responsabilidad administrativa el abuso o ejercicio indebido de su cargo, y cabría preguntar si acusar sin fundamento ni pruebas, y escudado en el cargo de Consejo Electoral, al 98 por ciento de la estructura nacional del IFE, así como sembrar dudas infundadas sobre la legitimidad del proceso electoral no es abuso y ejercicio indebido del cargo.

La misma Ley también considera como responsabilidad administrativa la utilización de información reservada a quien tiene acceso a ella por razones de su función con fines diversos a la misma. Cabría preguntar si los expedientes de los servidores electorales que están a disposición de los miembros de la Comisión del Servicio Profesional Electoral tiene por finalidad su filtración a los medios de comunicación. En el mismo orden de ideas la multicitada Ley señala como responsabilidad administrativa el uso indebido de información bajo el cuidado del funcionario público o a la que tenga acceso. Valga preguntar si es debido el uso que se ha hecho de los expedientes de esos cinco funcionarios. Lo anterior sin menoscabo de la violación hecha a un precepto expreso del Cofipe.

Con igual razón la misma Ley determina como responsabilidad administrativa el trato irrespetuoso con las personas con las que se tiene relación con motivo del cargo. Y preguntemos si la descalificación pública de estos cinco funcionarios, la adjetivación de viejo oficialismo y de priista a la estructura entera del IFE, la descalificación de 98 por ciento de sus funcionarios y demás lindezas que han tenido a bien afirmar algunos consejeros electorales puede ser considerado como un trato respetuoso.

Finalmente se considera como motivo de juicio político la infracción a una ley federal que motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Y no podemos más que preguntarnos si divulgar información confidencial sin autorización del Consejo General no constituye una violación a una ley federal, y si descalificar sin fundamento al 98% de los funcionarios electorales y esparcir dudas injustificadas acerca del proceso electoral no trastorna el funcionamiento normal del IFE.

No existe un nuevo IFE y un IFE del viejo oficialismo. Existe el IFE. El único que tenemos. Construido a lo largo de varios años y probado en dos elecciones. La calificación peyorativa de un viejo IFE indica que la institución existía antes de ésta camada democratizadora y, de seguro, permanecerá tras de ella, no por facinerosa como hoy se le denosta, sino por eficiente. Porque las instituciones como las naciones se construyen en largos y esforzados procesos, no por alumbramientos providenciales.

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