Dos medidas transitológicas

Ver para creer. Cuando el PRI, con pruebas en la mano, previo debido proceso de ley, exigió la salida de algún Consejero Electoral del IFE, faltaron epítetos para calificar semejante sacrilegio. ¡Cómo!, se desgañitaban rasgando sus vestiduras la pandilla (si mal no recuerdo el calificativo que tanto ofendió a sus destinatarios) de funcionarios holísticos del IFE.

Tal fue el furor, que violando todas las garantías constitucionales fulminaron a un contralor a quien, por cierto, la justicia federal terminó otorgándole la razón en tanto su competencia legal para conocer y resolver el caso. (Por cierto, ya habrán repuesto el proceso administrativo, como resolvió hace meses la justicia federal, o se seguirán haciendo patos nuevo contralor, comisión de interfectos y demás funcionarios responsables).

Por supuesto, los consejeros sostenían que el contralor no era competente, aunque al no impugnar el procedimiento y someterse a él lo hayan convalidado (cosas de congruencia ciudadanizada). Desgraciadamente los innúmeros e ignaros defensores del Consejero impugnado pronto olvidaron el asunto y las ilegalidades inherentes. Menos se enteraron de las resoluciones de los amparos por algunos de ellos interpuestos. Expresión del ardor democrático epidémico e inconsistente de nuestros demócratas.

Se me dirá que el Tribunal Electoral resolvió que el contralor defensorado no tenía vía para defender sus derechos laborales. Sí, así fue. Más sin embargo, el Tribunal debió, enseguida a determinar si el Consejo General del IFE había violentado las garantías constitucionales del contralor -derechos de audiencia y debido proceso de ley-, que por supuesto violó flagrante, pública y escandalosamente, y, en su caso, obligarlo a reponer el procedimiento. Eran tiempos electorales, el Tribunal había resuelto un número significativo de asuntos en contra del IFE (también, es obvio, por violaciones al marco jurídico) y simplemente la sacó a este parche.

Más ese no es el problema. Hace apenas unos meses cuestionar a un consejero electoral era pecado capital, delito de lesa patria, traición a la transición, blasfemia, antidemocracia.

¡Claro!, había sus excepciones. Por ejemplo si alguien acusaba de marranos a los magistrados del Tribunal y de marranadas a sus resolutores, era defendido por los mismísimos sacerdotes de la transición (siempre que no fuera del PRI); si otro ¿o el mismo? acusaba a todo un partido y a sus militantes de narcotraficantes, era también acuerpado por el derecho absoluto a la libre expresión enarbolado (más bien manoseado) por Ulpiano Cárdenas.

Hoy las excepciones se siguen dando. Lástima que los desgarramientos de los iniciados en la transición no alcancen más que para los ciudadanos consejeros electorales, porque al nuevo presidente del Tribunal se le han ido con todo, exigen su renuncia y ningún transitólogo ha salido a su defensa. Por alguna travesura de la memoria, recuerdo ahora que lo mismo pasó con Woldenberg: de repente, como manejados por mano certera, todos los medios dirigieron sobre él una supuesta exigencia priista de renuncia, la cual nunca existió (al menos por parte del PRI), como sí existió el proceso, pruebas y razones contra otros consejeros. Ante tal andanada, nadie levantó su mano en defensa de Woldenberg, ni los consejeros ni los directores ejecutivos, ningún ciudadanizado, menos un transitólogo trasnochado, nadie, pues. ¿Curioso no?

En fin, desconozco el asunto y no deseo tomar parte en él. Hacerlo, además, podría acarrearle al nuevo magistrado presidente del tribunal la furia e intolerancia de nuestros demócratas de moda. Sólo deseo señalar, por un lado, las dos medidas que ocupan los aires políticos de México. Ejemplo: si encuentran a un priista en un acto de corrupción, se levantarán de inmediato pilas justicieras para incendiar con su cuerpo los ánimos de una sociedad ávida de furia, venganza, escapismo, y estridencia. Si al que encuentran es un perredista, zapatista, cura, exorcista, empresario, publicista o panista, se le cubre de inmediato con el manto conciliador y anestésico de la transición, que, como se ve, sirve tanto para un roto como para un descocido, aunque nunca para un priista.

Por otro lado, quiero expresar hoy, ya pasado el proceso electoral federal, mi reconocimiento jurídico y de hombre de bien al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a todos sus Magistrados, con merecida "M" mayúscula. Repito, desconozco qué cuitas se traigan ahora con él los demócratas de contentillo, pero en los casos elevados a su consideración durante el proceso federal del año que concluye, en especial, los relativos al emblema de la coalición foxiana y los colores del PRI, el Tribunal actuó con estricto apego a derecho, sin parcialidades, sin aceptar presiones, tampoco halagos; sin plegarse a la corriente de opinión dominante, tampoco a los intereses ocultos tras la prensa libre. Soportando las sandeces y faltas del más elemental respeto del consejero Cárdenas y alguno de sus pares.

Nobleza obliga. Y a diferencia del desempeño de los consejeros electorales, el cual habrá de ser en su momento materia de juicio desapasionado y objetivo, el de los magistrados y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también lo será, constituye verdaderamente uno de los grandes haberes de la nación mexicana. Para fortuna de ellos y desfortuna de otros quedan las resoluciones del Tribunal ¡Gracias a Dios!

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