Riesgos centralistas

Existen condiciones para trastocar lo poco que queda de nuestro régimen federal.

No podemos decir que los antiguos regímenes priistas fueran muy respetuosos del diseño constitucional federalista, tampoco lo fueron los 12 años panistas.

Y ni qué decir de nuestros gobernadores y presidentes municipales que no mascan nada mal las comodidades centralistas, más aún cuando ya tienen al niño ahogado.

La posibilidad de un código penal único, policía con mando único, fuerzas federales haciendo las veces de gendarme de barrio y deudas estatales y municipales que demandan a gritos control y salvamento, son condiciones propicias para centralizar, aún más, la vida nacional.

Si a ello agregamos la presencia de gobernadores con nula eficacia gubernamental, financiera y política, la receta puede llegar a ser de urgencia.

Sin embargo la realidad del país, su composición multicultural, sus diferencias regionales y económicas recomiendan, tal y como la historia nos lo enseña, perseverar en el régimen federalista.

Cuando se empezó a diseñar el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) los técnicos del INEGI, llamado como auxiliar del mismo, llevaron al Presidente Salinas a comprometerse a concluir la "titulación" de todos los ejidos antes del fin de su sexenio. El propósito era encomiable, su desapego a la realidad de risa.

La primera batalla fue convencerlos de que el término "titular" tiene en materia agraria connotaciones privatizadoras y que la ley hablaba de "certificar" derechos agrarios, no titularlos.

La segunda batalla fue hacerles ver que la ley otorgaba a los ejidos la libertad de certificar sus derechos, pero no los obligaba a hacerlo, y menos en un tiempo perentorio.

-Pero el Presidente se comprometió a hacerlo en su sexenio, porfiaban en respuesta.

-Pues díganle al Presidente que lo engañaron; que no es un acto de gobierno al que pueda fijarle tiempo; cada ejido decidirá libremente si lo hace y cuándo.

La siguiente batalla fue explicarles que mientras hubiese rezago agrario no se podían certificar derechos en litigio, precisamente por estar controvertidos.

Y la última gran batalla se dio cuando los tecnócratas se dieron cuenta que una cosa era calcular el tiempo que un GPS se tarda en ubicar un punto geodésico y otra, muy diferente, entrar a los ejidos, trabajar con ellos, coordinar esfuerzos, dirimir viejas rencillas y finalmente sacar adelante las asambleas de certificación. Si era año electoral, los gobernadores se oponían a que se trabajara en los ejidos para que no se le alebrestaran; si era temporada de siembra o de cultivo, o de inundaciones, las condiciones cambiaban. Si había un posible desarrollo con intereses sobre la tierra los ejidatarios entraban en una locura cercana a la de Rico Mac Pato. Hay ejidos que por meses quedan habitados únicamente por ancianos y niños menores, ya que toda su fuerza de trabajo recorre medio país como jornaleros agrícolas. Los hay integrados por millares de ejidatarios que no se han reunido formal o pacíficamente por décadas. En fin, la realidad nacional es tan basta como mexicanos habemus.

El diseño original del PROCEDE era meramente transicional, pero también paternalista y centralista. Por desgracia permanece. Si un ejidatario desea saber sobre el trámite de su certificado parcelario o su cambio a dominio pleno, o cuántos ejidatarios constituyen su núcleo de población, o los límites de su ejido, debe venir a la Ciudad de México.

El nuevo gobierno enfrenta un País en caos, desarticulado y desmandado; inmerso en juegos centrífugos que desgarran su tejido y paz social. Las soluciones que intente, ojalá, no olviden que la eficacia y el control no están reñidas con el diseño federal de nuestra República, que deben partir del crisol de nuestras contradicciones, que no todo fuera del DF es Cuautitlan y que los mexicanos somos mayores de edad; necesitamos gobierno, no papá.

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