Corresponsabilidad

Todo nuestro sistema electoral está construido sobre un ejercicio de corresponsabilidad.

Únicamente la ignorancia o la mala fe pueden desconocer tal circunstancia.

Los órganos administrativos electorales, desde el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pasando por las Direcciones Ejecutivas, los Consejos Locales y Distritales, los auxiliares electorales y los capacitadores, hasta los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla son designados con la participación de los partidos políticos y operan bajo la supervisión permanente de sus representantes.

La designación de los Magistrados de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hace con la participación de los partidos políticos.

Los partidos tienen lugar en las Comisiones del Instituto Federal Electoral y en sus órganos de vigilancia.

Todos los actos y resoluciones de cualquier autoridad electoral administrativa, del Consejo General a la casilla, son recurribles –y sistemáticamente recurridos- por los partidos políticos.

La votación es recibida y contada por ciudadanos sorteados y finalmente aprobados con la participación de los partidos políticos, que vigilan su actuar con representantes generales y de casilla. Esa votación se cuenta en un alto porcentaje hasta dos veces -hecho único en el mundo- por capricho de los partidos políticos, con un altísimo costo económico, por cierto.

No hay pues decisión electoral posible sin la participación de los representantes de los partidos políticos y, además, sin que pueda ser combatida jurisdiccionalmente por ellos.

Hasta hace poco en la Constitución, aunque mientras no se desarrolle por la ley secundaria sin aún eficacia plena en la realidad, las candidaturas eran monopolio de los partidos.

Los partidos, además, pueden impugnar los actos de los demás partidos y sus candidatos, así como actos que les puedan generar un perjuicio cometidos por los medios de comunicación, otros actores públicos o privados y ciudadanos en general.

Para todo ello, los partidos cuentan con financiamiento público. Nosotros mantenemos a los partidos para que puedan ser corresponsables del proceso electoral en todas y cada una de sus etapas y acciones, así como de su conjunto.

No solo eso, las leyes que rigen el proceso electoral no son instrumentos elaborados al margen de su hacer, antes bien son obra exclusiva de ellos, de sus oscuras negociaciones y de su esquizofrenia: solo en México los partidos reclaman para sí el monopolio de hacer política y hablar públicamente de ella. De seguir por donde vamos, mañana será delito tener opinión política porque con ella se estará coaccionando al ciudadano; traer una camiseta o gorra de un partido será prueba de que quien la porta vendió su voto y entrevistar a un candidato será delincuencia organizada.

Bajo estas premisas, que alguien corresponsable de las normas, instituciones, instrumentos y todos y cada uno de los actos y decisiones del proceso electoral se llame a sorpresa cada vez que pierde una elección e impute fraude y corrupción a tirios y troyanos, es una soberana irresponsabilidad para con la ciudadanía y democracia mexicanas.

Que además se utilicen el financiamiento público y los tiempos del Estado para desarrollar una campaña mediática descalificando las elecciones hechas por los mexicanos es digno de la pérdida del registro como Partido Político Nacional.

Uno de los vicios de la partidocracia es abstraer a los partidos del marco de responsabilidad social que implican su existencia y hacer. Los partidos no pueden ser irresponsables de sus actos y deben ser sancionados por conductas de irresponsabilidad política y democrática.

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