Lapidación de los Independientes
El INE confunde el principio constitucional de máxima publicidad, con la máxima publicidad mediática.
Al hacerlo, la única ley que no viola es la de la gravedad.
En los hechos y con relación a los independientes a candidatos a Presidente, el INE realizó una segunda verificación fuera de procedimiento, a espaldas de todo mundo, de la que informó parcialmente y a destiempo, y la que mantiene inaccesible para los afectados.
En contrapartida, desplegó un activismo mediático propio de un pogromo anti-independientes. Al hacerlo violentó otros principios constitucionales que le obligan, como son los de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, certeza electoral y transparencia electoral.
Más no paró allí, ya que con ello vulneró los derechos sustantivos de garantía de audiencia, debido proceso, presunción de inocencia, derecho a ser votado y participación política.
A los independientes se les simuló una garantía de audiencia de imposible cumplimiento sobre imputaciones que hasta el momento no pasan de ser meras y alarmistas declaraciones mediáticas, derivadas de un procedimiento novedoso, desconocido y realizado en máximo secreto. En torno a ello se levantaron piras propias de la Inquisición, en las que en leña verde fueron quemadas sus honras y carreras. En juicio paralelo fueron condenados cuando, al día de hoy, ninguna autoridad competente los ha acusado formalmente de nada y, por ende, han estado imposibilitados de legítima defensa.
El INE, garante de los derechos políticos del ciudadano, los ha violentado todos contra Ríos Piter y Rodríguez Calderón, sujetos por la autoridad a una lapidación pública.
De paso cerraron la vía de participación política ciudadana ajena al secuestro que de la democracia ha hecho nuestra infame partidocracia.
Hoy vemos que todo esto tenía un propósito ulterior a solo violentar Derechos Humanos de dos Independientes: generar en la opinión pública un ánimo de pogromo para presionar a la justicia electoral al momento de que revisara el actuar del INE.
Lo atroz es que quien hoy litiga en los medios, con argumentos antijurídicos y violentado derechos es una autoridad obligada a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
Lo que frente a nuestros ojos sucede es de una gravedad mayúscula. Por fortuna existen instituciones de justicia de pleno derecho nacionales e internacionales, lástima que en México priven las Fake News, incluso de quien se precia de combatirlas. Otra Fake News.
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