Nadie sabe para quién trabaja

Nadie sabe para quién trabaja. Cuando el PRD presentó lo que, aún ocho meses después, no termina por definir entre queja o solicitud de investigación contra el Partido Revolucionario Institucional, por el origen y aplicación de su financiamiento en 1993 y 1994, nunca creyó que el desaguisado y comedia de errores y de absurdos que provocaba pudiese revertirse en su contra.

Como se sabe, la Comisión de Fiscalización de Consejeros se hizo bolas y consideró que la resolución del entonces Tribunal Federal Electoral, acerca del ejercicio financiero del PRI en 1994, no tenía el carácter de definitiva e inatacable. Por tanto, que sus facultades no pueden constreñirse de manera exclusiva o excluyente sólo a los informes de los partidos, toda vez que éstos, los informes anuales y de campaña, constituyen sólo un instrumento de fiscalización, que no agota la totalidad de las actividades que en ejercicio de sus
facultades realiza la autoridad fiscalizadora. Es decir, que informes, resoluciones del IFE y sentencias del Tribunal, no pueden agotar la atribución fiscalizadora de la Comisión de
Consejeros que deviene así en absoluta y eterna.

En ese orden de ideas, si la Comisión detecta irregularidades, "posteriormente a la emisión de un dictamen consolidado determinado, el Consejo General del IFE puede imponer la sanción conducente, no importando para ello el procedimiento de fiscalización que se encuentre desahogando, porque la facultad impositiva del órgano no se encuentra
acotada por cada etapa de fiscalización, sino que es una facultad que se puede ejercer dentro de cualquier etapa de dicho proceso de fiscalización". Es decir, la Comisión puede
fiscalizar no sólo sobre ejercicios concluidos y aún sobre los juzgados, también lo puede hacer sobre ejercicios en proceso y, por qué no, sobre ejercicios que aún no inicien.

Para la Comisión, lo dictaminado abarca sólo lo reportado en los informes, no el ejercicio financiero en su conjunto. Lo definitivo e inatacable es sólo que lo que hubiese sido reportado en los informes correspondientes y no los ingresos y egresos de un partido en un tiempo determinado. Por tanto, bajo este criterio, la Comisión puede conocer, pronunciarse y sancionar respecto de aquello "hecho que fehacientemente se acredite que no hubiesen sido reportados en los informes respectivos y que originen así un incumplimiento de las obligaciones legales a las que el partido denunciado estaba sujeto".

En palabras del presidente de la Comisión: "El simple hecho de que cualquier partido haya presentado sus informes, y que a éstos hayan recaído un dictamen de la autoridad, no quiere decir que, sólo por ello, ese partido quede exento de cualquier sanción, si con posterioridad existe prueba fehaciente e indubitable de que en realidad tales informes no incluían la totalidad de los ingresos o egresos que estaba obligado a reportar. No puede hacer definitividad sobre lo que no se ha informado. En otras palabras, no hay cosa juzgada sobre lo que no se ha juzgado".

Suponiendo sin conceder que semejante absurdo procediese, quien se encontraría en verdaderos problemas no sería el PRI, sino el PRD, padre de tamaña locura.

En efecto, si "no puede haber definitividad sobre lo que no se ha informado" y se puede juzgar y sancionar cuando fehacientemente se acredite algo que no fue informado, el
PRD debe ser sancionado toda vez que nunca reportó y, por tanto, comprobó 44 por ciento de su ejercicio financiero en 1994.

A saber, el PRD reportó ingresos por 28 millones, aunque sólo comprobó 22. De igual forma reportó gastos por 50 millones, cuando sólo informó haber ingresado 28 y comprobado 22.

"Por tanto, dice el dictamen de la Comisión, se presume que existen ingresos no reportados por 22 millones (...) hasta la fecha de redacción de este dictamen, el PRD sigue sin presentar la documentación (dos veces) requerida para aclarar este punto, por lo que es imposible realizar un juicio acerca de sus finanzas anuales" (Diario Oficial, 13-XI-95).

Concluimos, la Comisión de Fiscalización sostiene que puede conocerse y sancionarse lo no informado por los partidos en sus informes anuales y de campaña, no obstante haber una resolución "definitiva e inatacable" de autoridad competente; la misma Comisión (con otros integrantes) concluye que hay ingresos del PRD no reportados por 22 millones y no documentados por 28; y que, por tanto, "es imposible realizar un juicio acerca de sus finanzas actuales", luego entonces la Comisión debiera ejercer sus facultades omnímodas y atemporales contra el PRD, a menos, claro está, que reconozca y acate el principio de Derecho de que nadie puede ser juzgado por la misma causa dos veces.

PS. En este caso, al menos, la Comisión no procedería por inferencias, corazonadas u ocurrencias de un partido, sino con base en una documental pública expedida por ella misma.


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