Túnel del tiempo

En 1994, tras el programa de actualización intensiva del padrón electoral, tras la exhibición de las listas nominales de electores, tras múltiples auditorías al padrón, tras revisiones exhaustivas por los partidos políticos, y tras haber fenecido los plazos para que ciudadanos y partidos impugnaran uno y otras ante el entonces Tribunal Federal Electoral, el IFE declaró válido y definitivo el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.

Sin embargo, todo ello se hizo sólo y exclusivamente sobre aquello que fue observado y/o impugnado en su momento, no sobre el padrón y las listas en su conjunto. Hoy podría haber un hecho superviniente que en su momento ni ciudadanos ni partidos ni autoridades informaron y, por ende, que lleve al IFE actual a revisar de nueva cuenta el padrón de 1994, sus listas nominales, las resoluciones que sobre ellos haya tomado el Tribunal y su propia declaración de validez y definitividad.

Para que el IFE pueda proceder basta con unas cuantas fotocopias de recortes periodísticos, donde prófugos de la justicia simple y llanamente declaren que así fue, y un partido político se empecine en abanderar semejante despropósito. Es decir, no se requieren pruebas, fundamentos ni motivaciones, basta el capricho y la inquina para proceder. El IFE estaría obligado a conocer del asunto y, en su caso, declarar inválido el padrón y, por ende, las elecciones de 1994; por tanto, a desconocer a las autoridades emanadas de ellas y a declarar nulos de pleno derecho todos sus actos, entre los que estarían las reformas electorales de 1996, de entre las que destacan la creación del nuevo IFE y, finalmente, tendría que concluir desconociendo y anulando su propia existencia.

Especie electoral del túnel del tiempo, por medio del cual todo puede ser revisado en cualquier momento, aún el mismísimo génesis.

Lo mismo tendría que suceder si cualquier otro periodicazo o "indicio" afirmase hoy que Cárdenas en su momento no informó de algún impedimento que lo imposibilitase para ser candidato a la jefatura de la ciudad de México, o inclusive sobre alguna sospecha filtrada acerca de que López Mateos o Francisco I. Madero violaron de alguna manera y en su tiempo la actual legislación electoral, toda vez que el Consejo General del IFE está obligado a vigilar que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones legales y que "su capacidad sancionadora no puede (...) quedar limitada, cuando su facultad jurídica no ha sido expresamente acotada por el derecho" ¡Faltaba más!, venirle a la ciudadanización con caducidades, preclusiones y retroactividades; pues quién se creen.

Semejante absurdo, sin embargo, será si aceptamos el criterio sustentado por el Consejo General del IFE en relación con la queja presentada por el PRD sobre los gastos de campaña del PRI en 1994.

La resolución será, sin duda, materia de estudio en las facultades de derecho, como ejemplo de lo que no se debe de hacer. El criterio, entre otros igualmente alarmantes, sostenido por la Comisión de Fiscalización, y hecho suyo por el Consejo General considera que lo que el IFE y el Tribunal conocieron y dictaminaron como firme e intachable fue el informe y la información en él contenida, no el ejercicio financiero y contable del PRI, en lo general, y de sus gastos de campañas, en particular.

Para el Consejo General lo que se revisa, y juzga, no es el ejercicio financiero de un partido en un periodo determinado, sino el instrumento, el documento, por el cual éste se informa. Bajo ese criterio, no serían el padrón o las listas lo que se dictamina, sino sólo las observaciones individuales que en su caso se hayan presentado; si luego se presume, sin prueba ni fundamento (basta la ocurrencia), que pudo haber alguna irregularidad no observada, ni impugnada en los diversos instrumentos de revisión, y en los plazos y términos para hacerlo, el edificio completo deberá ser derrumbado por el nuevo IFE y que arda Troya.

Para la Comisión de Fiscalización y el Consejo General no fue el origen y aplicación del financiamiento del Partido en 1994 lo que el IFE y el Tribunal conocieron y resolvieron, sino sólo el informe presentado. El informe, pretenden ignorar los consejeros, es sólo un instrumento para realizar la revisión del financiamiento todo; informe, además, que comprende la declaración de los datos que el propio IFE determinó se le presentasen.

Lo que estamos viviendo es para alarmar a cualquier sociedad e individuo: una autoridad que pretende violentar los principios de derecho de cosa juzgada, certeza y seguridad jurídicas; que quiere aplicar la ley con efectos retroactivos en perjuicio de terceros; que intenta imponer sanciones y aplicar procedimientos derogados; que instaura un proceso sancionador sin poder informar hasta el momento, ocho meses después, de qué se acusa al demandado; que declara procedente una queja sin sustento, claridad ni pruebas, y que pretende conocer de un hecho que le antecede a su establecimiento como autoridad y, por ende, competencia. Por si fuera poco, se llama a ofensa cuando se le señalan sus aberraciones jurídicas.

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